Este dilema político siempre se ha presentado en todas las épocas. ¿A quién debe ser leal la Corte de un gobernante: al rey o a la nación?

La confusión entre la lealtad al proyecto y la lealtad al hombre. No es un dilema nuevo. Ha acompañado a todos los regímenes, a todas las revoluciones y a todos los movimientos que alguna vez prometieron transformar la historia. Porque una cosa es servir a una causa y otra muy distinta rendir obediencia absoluta al caudillo que la encarna.

Hoy México presencia nuevamente esa vieja disputa. Morena, el partido que nació como movimiento antisistema y terminó convertido en estructura de poder, enfrenta el conflicto inevitable de todas las fuerzas políticas que llegan al gobierno: decidir quién manda realmente. Si el liderazgo institucional de la presidenta Sheinbaum o la gran sombra política López Obrador.

La historia enseña que ningún líder abandona totalmente el poder. Algunos dejan el cargo, pero no el mando. El problema es que tampoco los herederos aceptan eternamente gobernar bajo tutela. Ahí comienza la tensión. Ahí nacen las pugnas internas. Y ahí empiezan las guerras silenciosas por el control del futuro.

Porque en política la sucesión nunca termina el día de la elección; comienza al día siguiente.

Durante años, López Obrador construyó un movimiento atado a una lealtad personal. No exigía únicamente coincidencia ideológica, sino obediencia emocional. Quien disentía era sospechoso. Quien corregía, traidor. Quien aspiraba a tener voz propia terminaba marginado. La lógica era sencilla: en tiempos de transformación, la disciplina importa más que el talento. La lealtad por encima de la capacidad.

Así se formó una generación política acostumbrada a mirar hacia Palacio Nacional antes de tomar decisiones. Funcionarios que aprendieron que en México sigue vigente aquella vieja frase cortesana: “¿Qué horas son? Las que usted diga, señor presidente”.

Sin embargo, el poder tiene una regla inmutable: ningún liderazgo acepta compartir eternamente el centro del escenario. Y aunque Sheinbaum llegó impulsada por el obradorismo, el ejercicio real del gobierno obliga a construir autoridad propia. No existe presidenta fuerte bajo la condición de ser únicamente administradora del legado ajeno.

Por eso, dentro de Morena comienza a dibujarse una línea cada vez más visible entre quienes consideran que la continuidad significa la obediencia intacta al fundador y quienes entienden que gobernar también implica corregir, ajustar y redefinir el rumbo.

La batalla por la elección de 2027 ha puesto el escenario. No solo estarán en juego gubernaturas, congresos y presupuestos, sino la definición del verdadero centro de gravedad del movimiento. Saber quién hereda el poder, quién reparte candidaturas y quién conserva la capacidad de decidir el destino político de cientos de aspirantes cuya única ideología conocida ha sido siempre la cercanía al vencedor.

Porque la lealtad en política suele durar exactamente lo mismo que dura la fuerza del líder. “Andy” López Beltrán, replegado en Tabasco, nos da un norte de la situación de la batalla en este momento. Se fue de la cúpula Morenista, arrastrando sus escándalos y derrotas. 

Pero los clásicos ya advertían sobre las lealtades. Maquiavelo entendía que el príncipe debía inspirar más temor que afecto. Séneca advertía que la lealtad comprada puede venderse nuevamente. Y Ortega y Gasset recordaba que el hombre termina siendo él y sus circunstancias. En política mexicana, las circunstancias suelen resumirse en una sola pregunta: ¿quién tiene hoy el poder real?

Por eso abundan los conversos repentinos, los defensores de ocasión y los nuevos intérpretes de la doctrina oficial. Muchos de quienes ayer juraban fidelidad absoluta al presidente hoy comienzan a acomodar el discurso alrededor de la presidenta. No por convicción, sino por supervivencia. Porque en el fondo la política mexicana conserva intacta su tradición cortesana: arrimarse al árbol que garantice mejor sombra.

La paradoja de Morena consiste en que nació denunciando los excesos del viejo presidencialismo y terminó reproduciendo muchos de sus rituales. El culto al líder, la disciplina vertical, la concentración moral de la verdad y la idea de que disentir equivale a traicionar. Cambiaron los nombres, cambió el lenguaje, pero no necesariamente las formas del poder.

Y aun así, toda transición contiene una rebelión. Ningún grupo político permanece unido cuando aparecen las candidaturas, las ambiciones y las sucesiones adelantadas. La lucha interna no se libra únicamente entre adversarios; se libra, sobre todo, entre compañeros.

La verdadera dimensión del conflicto no radica en reconocer si existe o no división dentro de Morena. Resultaría ingenuo pensar que un movimiento político con semejante concentración de poder pueda mantenerse ajeno a las disputas internas. Lo verdaderamente relevante es observar hasta dónde puede escalar esa tensión y exhibir las fisuras.

Esto no es de hoy, en México el presidencialismo es así. No solo se exige lealtad, sino abyección. Solo los verdaderos mexicanos. Los que realmente sienten a su patria la ponen primero. Lo demás, ni siquiera es lealtad, solo simulación. 

«Durante los llamados gobiernos neoliberales se entregó la riqueza nacional a grupos privilegiados y se permitió la influencia extranjera en decisiones estratégicas del país», presidenta Claudia Sheinbaum.

 

Por Ileana Bernal de la R.

Al rendir cuentas por los dos años de mandato, desde el Monumento a la Revolución, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó uno de los mensajes más contundentes de su administración al denunciar presuntos intentos de injerencia extranjera en la vida política nacional y cuestionar las recientes acciones del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos.

“México no es piñata de nadie”, afirmó la mandataria al referirse a la solicitud urgente realizada por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos para detener con fines de extradición a diez ciudadanos mexicanos, entre ellos un gobernador, un alcalde y un senador en funciones.

“Pocos días después ocurrió algo todavía más grave. Una oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó con carácter de urgente la detención con fines de extradición de diez ciudadanos mexicanos, entre ellos un gobernador, un alcalde y un senador en funciones, sin presentar públicamente pruebas que sustentaran esa solicitud. Un hecho de esa magnitud no tiene precedentes en la historia de nuestra relación bilateral”, señaló.

La presidenta cuestionó los motivos detrás de estas acciones y planteó interrogantes sobre posibles intereses políticos en el contexto electoral estadounidense.

“¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada? ¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026? ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país?”, expresó.

Sheinbaum sostuvo que México es una nación libre, independiente y soberana, por lo que rechazó cualquier intento de intervención en asuntos internos.

Durante su discurso también defendió el proyecto de la Cuarta Transformación y contrastó su gobierno con administraciones anteriores. Acusó que durante los llamados gobiernos neoliberales se entregó la riqueza nacional a grupos privilegiados y se permitió la influencia extranjera en decisiones estratégicas del país.

 

Además, calificó como “narcogobierno” al sexenio de Felipe Calderón y recordó episodios como la represión en San Salvador Atenco y Oaxaca durante el gobierno de Vicente Fox, así como el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y la elección presidencial de 2006.

La mandataria aseguró que en su administración “no hay espacio para la corrupción”, destacó la estabilidad económica del país pese a la incertidumbre internacional y anunció que este año desaparecerá la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

También adelantó que en las próximas semanas se realizará una consulta pública sobre la Ley General de Pueblos Indígenas y convocó a la ciudadanía a participar en asambleas informativas en plazas públicas bajo el lema “La patria no se vende”.

Ante miles de simpatizantes reunidos en el Monumento a la Revolución y enlaces simultáneos con plazas de todo el país, Sheinbaum afirmó que continuará gobernando “de frente al pueblo y en la plaza pública”.

 

“¿Pretenden influir en la elección de 2027?”

La presidenta @Claudiashein cuestionó que el Departamento de Justicia de EU solicitara la detención de 10 funcionarios mexicanos sin presentar pruebas públicas. @TheJusticeDept @CIA

“Un hecho de esa magnitud no tiene… pic.twitter.com/MDrUL1FSV8

— Primera Plana Digital (@pplanadigital) May 31, 2026

Cinco funcionarios y ex funcionarios sinaloenses señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado acudieron este martes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para rendir entrevistas ministeriales dentro de una investigación abierta en México.

Entre quienes confirmaron públicamente su comparecencia se encuentran el Gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya; el Senador de Morena, que renunció a su fuero, Enrique Inzunza Cazárez; el vicefiscal con licencia de la Fiscalía General del Estado, Dámaso Castro Saavedra; y el ex jefe de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza.

Además, durante la jornada también trascendió la presunta presentación del alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, aunque el político no fue visto por la prensa apostada afuera de las instalaciones federales ni ha emitido algún posicionamiento público al respecto.

Las comparecencias ocurren luego de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos nexos entre funcionarios sinaloenses y grupos del crimen organizado. De manera paralela, la FGR mantiene una investigación propia en México, la cual, de acuerdo con los propios comparecientes, no está coordinada con la investigación estadounidense, aunque deriva de los mismos señalamientos.

El primero en declarar públicamente fue Dámaso Castro Saavedra, ofreciendo atención presencial a la prensa en la que negó cualquier relación con “Los Chapitos”.

“Estamos atendiendo. Nos citaron y estamos atendiendo”, señaló.

Al ser cuestionado sobre los señalamientos en su contra respondió: “No tenemos nada que decir. Nada que ver con eso”.

El ex vicefiscal sostuvo además que mantiene confianza en las instituciones encargadas de las investigaciones.

“Confiamos en las instituciones y en el trabajo de investigación. Estamos confiando en la información que se está integrando”, declaró.

Minutos después, Rubén Rocha Moya informó mediante redes sociales que ya había comparecido ante una agente del Ministerio Público Federal y posteriormente se retiró de las instalaciones.

“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal”, publicó.

El mandatario estatal aseguró que acudirá a cualquier nuevo llamado de la autoridad investigadora y afirmó confiar en el sistema judicial mexicano y en las instituciones de justicia del país.

Además, manifestó respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció por su defensa de la soberanía nacional. Cabe destacar que Rocha Moya no fue visto a las afueras de las instalaciones de la FGR.

Por su parte, Marco Antonio Almanza rechazó cualquier posibilidad de acogerse a la figura de testigo protegido y afirmó que está dispuesto a responder ante cualquier autoridad.

“Yo no serviría de testigo protegido. Hice las cosas bien, yo le doy la cara al que sea. Si hay que ir a Estados Unidos para eso vamos, no tengo problemas con eso”, declaró al arribar a la FGR.

El ex jefe de la Policía de Investigación confirmó que acudió en calidad de testigo dentro de la investigación que desarrolla la autoridad federal mexicana y reiteró que colaborará tanto con autoridades nacionales como estadounidenses.

“Le doy la cara al que sea”, insistió.

El último en pronunciarse públicamente fue Enrique Inzunza Cazárez, quien informó a través de redes sociales que acudió de manera puntual al citatorio formulado el pasado 23 de mayo.

“El día de hoy, tal y como lo manifesté desde el primer momento, atendí de manera puntual la citación”, publicó.

El legislador aseguró que compareció sin representación legal y como abogado de sí mismo.

“Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo”, expresó.

Inzunza también sostuvo que mantendrá disposición permanente para atender cualquier requerimiento de las autoridades sin recurrir a las excepciones contempladas para legisladores federales.

“Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento”, añadió.

El Senador llegó a las instalaciones federales en un vehículo particular conducido por un chofer y evitó a la prensa a su ingreso. Posteriormente abandonó el inmueble por una puerta alterna, en una salida facilitada por personal de la propia Fiscalía, sin ofrecer declaraciones a medios de comunicación.

Durante gran parte de la jornada, medios de comunicación permanecieron apostados en las inmediaciones de la delegación de la FGR en espera de la llegada o salida de los funcionarios señalados.

Aunque trascendió que Juan de Dios Gámez Mendívil también habría acudido a comparecer, el alcalde con licencia no fue captado por reporteros ni fotógrafos presentes en el lugar y hasta el cierre de esta edición no había confirmado públicamente su asistencia.

Desde finales de abril diez funcionarios y ex funcionarios sinaloenses enfrentan acusaciones del Gobierno de los Estados Unidos por presuntamente operar una red política que favoreció al crimen organizado.

Los funcionarios señalados por Estados Unidos y que acudieron para atender el citatorio de la FGR son Rocha Moya, Gobernador con licencia; Enrique Inzunza Cazarez, Senador por Morena y ex secretario general de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, ex vicefiscal general de la Fiscalía de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la policía de Investigación de Sinaloa; y Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde con licencia de Culiacán.

Por su parte Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, y Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se encuentran en Estados Unidos pues se entregaron a las autoridades a mediados de mayo.

Cabe destacar que respecto al resto de los señalados por Estados Unidos, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias ‘Cholo’, ex jefe de la policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, alias ‘Tornado’, ex subdirector de la policía municipal de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’, ex comandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán, se desconoce si recibieron citatorios por parte de la FGR ya que no lo han hecho público y no acudieron este martes a las instalaciones federales.

El servicio público dejó de ser una gran responsabilidad social para convertirse en una lotería de favorecidos por cuestiones de parentesco y relaciones familiares

 

Por Bulmaro Pacheco

En el pasado, México tuvo grandes reformadores de la política y la administración pública. Hoy no se ven por ningún lado.

Reformaron creando instituciones; abrieron el sistema político para darle viabilidad y reconocer la pluralidad de México. Reformaron para evitar y procesar conflictos, así como para asegurar la paz social y combatir las desigualdades sociales a través del desarrollo.

De repente, el sistema político y administrativo enfrentaba sus crisis y sus sacudidas, y ahí estaban ellos para impulsar los cambios. Hoy —Y a pesar de tanta crisis—nada de eso ocurre. El sistema reformó sus instituciones para garantizar e impulsar dos de los compromisos fundamentales del movimiento revolucionario: la educación y la salud. Hoy los retrocesos y los fracasos de proyectos de gobierno están a la vista (Insabi, Megafarmacia, Pemex, obras emblemáticas) con altos costos, pero no hay reformas.

Con el tiempo, se avanzó con la creación del IMSS y la Secretaría de Salud, y se erradicaron enfermedades mortales. En educación, crearon la SEP y una diversidad de sistemas educativos —como la UNAM y el Politécnico— para combatir el analfabetismo y ampliar la cobertura educativa en todos los niveles, apoyando con ello los programas de desarrollo económico.

Antonio Ortiz Mena, Jaime Torres Bodet, Jesús Reyes Heroles, Fernando Solana, Ignacio Pichardo, Guillermo Soberón, Gustavo Baz y Jesús Kumate, entre otros, formaron parte de esa generación de mexicanos que apoyaron con su talento y capacidades el avance de México y las grandes reformas que impulsaron los principales cambios del país durante la mayor parte del siglo XX. Hoy no se ven personajes de ese nivel de formación y capacidades. ¿Por qué?

Ahora, las administraciones públicas en México —federal, estatal y municipal— están en crisis y no se ve para cuándo una solución.

No tienen dinero; el poco que poseen no siempre se gasta bien y cada vez se les dificulta más cumplir con sus objetivos y funciones.

Están plagadas de problemas, vicios y excesos derivados de los cambios ocurridos en México en los últimos años.

No hay servicio civil de carrera y, en las pocas instituciones donde se había desarrollado, terminó por caer en los vicios generados por las alternancias de partidos y grupos políticos de poder.

Las administraciones públicas enfrentan graves problemas que, en lugar de resolverse, se han agravado. Mencionaré algunos:

La corrupción. Por más proclamas que existan con relación al combate a la corrupción en todos los niveles, esta sigue creciendo y ampliándose a otras esferas donde antes parecía imposible que llegara. Se pensó que, con la militarización de instancias importantes de la administración —como las aduanas, los puertos y los aeropuertos—, la corrupción disminuiría, pero no fue así. En muchos casos se incrementó debido a los excesos y deformaciones en el manejo de las instituciones. Falló la experiencia y el fogueo para desempeñar cargos en la administración; se cambió por el cuatismo, la visión partidista y las cuotas para los allegados.

Los aparatos de regulación de las administraciones públicas sobre la actividad económica se han ido debilitando y cada vez se respetan menos. Sobran ejemplos de casos donde aparecen el dinero y los pagos realizados para eludir trámites mediante la corrupción de funcionarios públicos para evitar los tiempos de espera.

El contratismo de amigos y familiares incrustados en los aparatos de poder también ha quedado en evidencia, sobre todo en la licitación de obras públicas y servicios.

El nepotismo. Las alternancias en el poder convencieron a muchos de los que llegaron al control de las administraciones públicas de que incrustar familiares en las nóminas públicas era algo normal y merecido. El servicio público dejó de ser una gran responsabilidad social para convertirse en una lotería de favorecidos por cuestiones de parentesco y relaciones familiares.

Se ha ampliado en los gobiernos la presencia de amigos y familiares sin las capacidades suficientes para desempeñar los cargos. En el sexenio de López Obrador se llegó al extremo de afirmar que, para desempeñar un cargo público, se requería “90% de lealtad partidista y 10% de capacidad para el cargo” (sic).

Esa nefasta concepción del poder público surgió del desprecio y los resentimientos con los que llegaron los nuevos gobiernos a partir de la elección de 2018. Sin querer saber nada del pasado —al que todavía condenan cuando algo les sale mal—, también condenaron a la administración pública que, a lo largo de la historia, ya había consolidado estructuras y servidores públicos profesionales encargados de tareas administrativas cada vez más complejas, sobre todo en áreas sensibles del poder público como el servicio exterior, la estructura fiscal y la organización educativa.

La improvisación. Estamos viendo, en primer lugar, premios administrativos otorgados por pertenecer a determinado partido político, por haber financiado campañas electorales, por ser pariente de quienes mandan o por relaciones personales derivadas de haber trabajado en equipo en cargos anteriores. Así, se otorgan oportunidades en el servicio público olvidándose de los perfiles adecuados para los cargos.

Con ello se han fortalecido la improvisación y la ineficiencia. Todo esto ha provocado que las cosas no funcionen, que se retrasen, que los proyectos no avancen o que las obras y los servicios fallen por la mala calidad en la supervisión de los responsables. ¡Qué casos! ¿Que antes era igual? Es su disculpa, pero es una tesis falsa. Con el tiempo en México llegó a legislarse contra el nepotismo y la improvisación así como para avanzar en la transparencia, pero esas medidas hoy son letra muerta, ante quienes se sienten “en el lado correcto de la historia” que nunca ha existido.

El gobierno actual cree que gastando lo que no tiene resolverá muchos problemas, pero no es así. Se niega a reconocer lastres como PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, que llevan años funcionando con amplios déficits financieros y dificultan el correcto manejo de las finanzas públicas. También se niega a reconocer los altos costos —vía excesos y subsidios— de las obras emblemáticas realizadas en el sexenio pasado, que hoy son un lastre para el nuevo gobierno, el cual no haya cómo salir de esos compromisos.

No se ve por ninguna parte a reformadores de la política y la administración pública que hablen con la verdad.

Tampoco se observan ideas originales y eficaces que influyan en la compleja realidad de México para tratar de resolver problemas que, por ahora, parecen insolubles: los tiempos de espera en hospitales, la sobresaturación de instituciones, la mala calidad de la educación pública, el déficit de las finanzas públicas y la pobreza de las administraciones municipales. Tampoco hay propuestas para combatir la pobreza urbana, la inseguridad pública en las calles y la penetración cada vez más obvia del crimen organizado en las instituciones de gobierno.

En las administraciones públicas, el interés de partido superó la racionalidad en la toma de decisiones, y las reformas realizadas hasta ahora solo han servido para fortalecer un modelo de gobierno cerrado y concentrador del poder. Y lo peor, sin rumbo seguro.

Los reformadores hoy brillan por su ausencia, así como los mexicanos de excepción que en otras épocas se la jugaron por México y no por un partido político. Por eso tienen su lugar en la historia y no han sido superados.

Nada más, nada menos.

bulmarop@gmail.com

La Fiscalía General de la República informó este sábado que citó a declarar a los funcionarios y ex funcionarios sinaloenses señalados en la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, entre ellos el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

A través de un comunicado, la dependencia federal detalló que las personas involucradas están siendo llamadas a rendir entrevista ante el Ministerio Público Federal como parte de la investigación abierta tras las acusaciones formuladas en Estados Unidos.

La FGR indicó que las diligencias buscan avanzar “con seriedad y exhaustividad” en el esclarecimiento de los hechos relacionados con el caso que involucra a 10 ciudadanos mexicanos de Sinaloa.

“Dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”, señaló la FGR.

Entre los acusados aparecen el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el Senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez; y el Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

La lista también incluye al ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; al ex Secretario de Administración y Finanzas estatal, Enrique Díaz Vega; y al vicefiscal de la Fiscalía General del Estado, Dámaso Castro Saavedra.

Asimismo, fueron señalados el ex director de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal, Marco Antonio Almanza Avilés; el ex comisario de la Policía de Investigación, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; el ex mando de la Policía Estatal Preventiva, José Antonio Dionisio Hipólito, conocido como “Tornado”; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.

La acusación que detonó la investigación

La acusación contra los funcionarios y ex funcionarios sinaloenses fue dada a conocer el pasado 29 de abril por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y por el administrador de la DEA, Terrance C. Cole.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los acusados habrían participado en una red de protección política e institucional para favorecer las operaciones del Cártel de Sinaloa y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Licencias, relevo en el Gobierno y cambios en Culiacán

El 1 de mayo, Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal al Congreso de Sinaloa, horas después de que la propia FGR pidió públicamente al Gobierno de Estados Unidos entregar más pruebas sobre las acusaciones formuladas en Nueva York.

Un día después, el 2 de mayo, el Congreso local designó a Yeraldine Bonilla Valverde, entonces Secretaria General de Gobierno, como Gobernadora interina.

La noche del mismo 1 de mayo, Juan de Dios Gámez Mendívil también pidió licencia temporal a la Presidencia Municipal de Culiacán, argumentando que buscaba agilizar cualquier investigación que tuviera que realizar la FGR.

Tras su salida, el Cabildo designó como Alcaldesa interina a Ana Miriam Ramos Villarreal, quien se desempeñaba como Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Culiacán.

Posteriormente, el 5 de mayo, Dámaso Castro Saavedra también solicitó licencia temporal a su cargo como vicefiscal estatal.

El caso Gerardo Mérida y la entrega de Enrique Díaz Vega

Gerardo Mérida Sánchez, de 66 años, aparece registrado en la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos y fue trasladado a una prisión federal en Brooklyn, luego de entregarse a autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo tras cruzar por la garita de Nogales.

El ex Secretario se declaró no culpable de los cargos que le imputan autoridades estadounidenses, relacionados con presuntos sobornos recibidos del Cártel de Sinaloa a cambio de no interferir en sus operaciones mientras estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Ese mismo viernes, el periodista Joaquín López-Dóriga informó que Enrique Díaz Vega también se entregó a autoridades estadounidenses.

Según el reporte, el ex funcionario habría cruzado hacia Estados Unidos dos semanas después de ser incluido por el Departamento de Justicia en el mismo expediente que involucra a Rocha Moya, Mérida Sánchez, Inzunza Cázarez, Gámez Mendívil y otros funcionarios y ex funcionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En esta misma información difundida por la FGR dio a conocer que también fueron citadas a comparecer, en calidad de testigos, la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván y el ex Fiscal General de esa entidad, César Jáuregui Moreno, como parte de la indagatoria por el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.

La dependencia explicó que las entrevistas ministeriales derivan de la cadena de mando de los servidores públicos que participaron en dicho operativo, sobre el cual ya se habían informado previamente algunas diligencias.

La FGR aseguró que en ambos asuntos actúa conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, además de mantener apego al debido proceso.

A este paso será difícil diferenciar entre aquella oficina de gobierno que organizaba las elecciones en 1988, de un órgano electoral robusto operando bajo el control del gobierno

 

Por Mónica Calles Miramontes

Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. El oficialismo sabe de esa historia, fue parte de ella y, a pesar de todo, su ambición nos está condenando a repetirla.

La primera semana de mayo la presidenta del INE, Guadalupe Taddei nombró a las personas titulares de las direcciones ejecutivas de la institución. Esto causó controversias, reclamos y confusión. Sin embargo, no es más que la materialización de una instrucción que el oficialismo acomodó desde finales de 2024.

En la vorágine de la reforma judicial de 2024, sin necesidad, sin justificación y sin diálogo, Morena y aliados realizaron una modificación en la legislación electoral para que la presidencia del INE pudiera nombrar unilateralmente a los titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.

No fue un asunto menor, con ello se le entregó a Guadalupe Taddei el control absoluto para designar a quienes dirigen la estructura técnica y operativa de la institución, personas que además conforman la Junta General Ejecutiva, un órgano clave de dirección del INE.

Después de muchos años, probablemente se olviden los orígenes de nuestra democracia, aunque ese error nos está haciendo revivirla. En 1993, la oposición exigió al partido hegemónico que los titulares de estas áreas fueran designados de manera colegiada (por el Consejo General) y no por la presidencia del entonces IFE; lo que buscaba limitar era la injerencia del Poder Ejecutivo en la vida interna del órgano electoral y en su operación.

Sin embargo, 30 años después, quienes impulsaron un órgano electoral autónomo, con una estructura técnica independiente y desvinculada del poder político, son justamente los que decidieron volver al oscuro pasado antidemocrático: con la reforma aprobada en 2024 —por el oficialismo— se rompió la colegialidad para dar paso a las facultades unipersonales de la presidenta del INE.

El regalo fue bien recibido por Guadalupe Taddei, quien desde que asumió la presidencia (2023) mostró una total incapacidad de negociar al interior del órgano colegiado; ya que más de una vez le fueron rechazadas sus propuestas porque pretendía imponer la lealtad política sobre la especialización.

Por eso, Morena decidió tomar cartas en el asunto y blindar a la presidenta del INE para que pudiera operar sin obstáculos; reformó la ley para eliminar el voto de las consejerías del INE y entregarle el poder total.

A pesar de ello, seis de las consejerías acudieron a la SCJN, que ya se encontraba incompleta y agonizante; por lo que fue suficiente que las tres ministras “del pueblo” (Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel) pugnaron por la defensa de los intereses oficialistas para desestimar el intento de defensa del INE. Así condenaron a México a repetir su historia antidemocrática. 

El ciclo se cerró y la omnipotencia de Taddei quedó blindada, y esa fue la antesala de lo que vimos hace unos días, cuando a puerta cerrada y a oscuras, Guadalupe Taddei nombró unilateralmente a 16 titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE. 

A nadie sorprendió que estos lugares resultaran un reparto de cuotas donde el control de áreas importantes como la fiscalización de partidos políticos fue cedida al consejero Jorge Montaño, integrante del “grupo Tabasco” y ligado a Adán Augusto; pues dicho consejero ya ha dado sobradas muestras de lealtad al régimen.

Fue un asalto institucional. Esas direcciones ejecutivas son los órganos vitales en la organización de las elecciones: la fiscalización de los recursos, la administración sobre prerrogativas a partidos políticos, el padrón electoral, la papelería electoral, la capacitación de funcionarios electorales, entre otras.

Entregar el control de estas áreas a perfiles que aseguran lealtad política, vulnera la certeza y confianza electoral. El árbitro ahora está capturado desde su interior, se desmantela la profesionalización para imponer la sumisión política desde su estructura.  

Así pasamos de la democracia, colegialidad y excelencia técnica a la imposición de la lealtad política en la estructura del INE.

El árbitro electoral hoy no solo se capturó desde sus cúpulas, la cooptación llegó al corazón. 

Hoy el partido en el poder tiene un control total. A este paso será difícil diferenciar entre aquella oficina de gobierno que organizaba las elecciones en 1988 de un órgano electoral robusto operando bajo el control del gobierno.  

A eso nos condenaron, a repetir la historia, a olvidar treinta años de lucha democrática. 

Pero la buena noticia es que este daño se logró por la imposición de personas y podrá terminar cuando la ciudadanía se una para exigir su recuperación, cuando nos sepamos tomar en serio aquella consigna que un día gritamos de “el INE no se toca”.

Abogada electoral y constitucional | Columnista | Análisis político

Web: defensaelectoral.com.mx

X: moni_calles

Desde el 2024 habían contratado a una “empresa consentida” del Gobierno Federal para la adquisición de un avanzado sistema de radioterapia para atender el cáncer, pero tardó una eternidad en llegar… y todavía le hacen “caravana” 

 

Por Rigo Gutiérrez E.

La atención a pacientes con cáncer en Centro Estatal de Oncología “Dr. Ernesto Rivera Claisse” sigue siendo vista como una “minita” que explotan unos cuantos.

En 2024 el hospital se desprendió del Gobierno de Sonora y pasó a manos del Gobierno Federal vía IMSS-Bienestar. 

El Gobernador Alfonso Durazo pasó las riendas de la institución al Dr. Alejandro Svarch y fue un salto al vacío. Prometían crear un sistema único, integral, gratuito y estandarizado para la población sin seguridad social, para reducir la fragmentación que existía entre los diferentes modelos estatales. Aseguraban que se mejoraría la atención y los recursos. Un deseo alejado de la realidad. 

La opacidad en el manejo de los recursos, la centralización y la simulación es la constante. 

Lento acelerador para Sonora  

Un ejemplo claro ocurrió apenas un mes atrás. El 16 de abril la presidenta Sheinbaum se enlazó vía videollamada desde Palacio Nacional hasta el Centro Estatal de Oncología en Hermosillo. Todos los funcionarios muy sonrientes anunciaron con júbilo la puesta en marcha de un “Acelerador Lineal” —equipo médico de radioterapia para tratar el cáncer—. 

Sin duda, en Sonora se requería con urgencia esta tecnología, pero llegó con casi un año de retraso y arrastrando marcas de irregularidades.

Fue en julio de 2024 cuando el IMSS Bienestar lanzó la licitación bajo el concepto de “sustitución de bomba de cobalto por acelerador lineal de baja energía” para el Centro Estatal de Oncología de Sonora. Se registraron dos empresas al concurso. Un mes después, el 24 de agosto, hubo resultado: ganó la empresa Human Corporis y Elekta Medical, que participaron en forma conjunta. 

El monto total del equipo, según se estableció en la licitación LA-47-AYO-047AYO954-T-290-2024 era por 75 millones 620 mil 400 pesos. Cantidad que fue refrendada en el contrato de compra firmado el 6 de septiembre y que fue autorizado por Fabiola Castrejón, Coordinadora de Adquisiciones del IMSS Bienestar y por un representante de las empresas contratadas. 

La empresa —según el fallo de licitación— tenía 270 días hábiles para entregar e instalar el Acelerador Lineal en el Centro Estatal Oncológico; el 17 de junio de 2025, según el sistema de Compas.MX. No cumplió. 

Fue apenas unas semanas atrás que anunció el Gobierno Federal que por fin ya contaban con el aparato. Por cierto, según el comunicado oficial emitido por las autoridades señalaban que la inversión había sido de 80 millones de pesos. 

 

Empresa favorita del sector salud

Las empresas contratadas para adquirir este moderno dispositivo para tratar el cáncer están establecidas en la ciudad de México y según revisó el Semanario Primera Plana, en los últimos años ha sido una de las consentidas del sistema de salud mexicano (IMSS Bienestar, IMSS, ISSTE).

En registros de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), aparecen 32 contratos de Human Corporis con el Gobierno Federal. Con el IMSS Bienestar fueron 2 (Dos aceleradores líneas, uno para Sonora y otro para Sinaloa).

La Secretaría de Salud de Sonora, el año pasado también le compró vía adjudicación directa equipo médico y de laboratorio para equipo de “biomicroscopio del ultrasonido para oftalmología”. El moto de ese Contrato (SSS-IMSSB-AD-2025-122) fue por $379 mil pesos.

En suma, a nivel nacional, la mencionada empresa “médica”, ha ganado contratos por cerca de 2 mil, 485 millones de pesos. 

Los contratos más jugosos fueron con el IMSS, que dirige a nivel nacional Zoé Robledo. Casualmente también se trata de Aceleradores Lineales. Por ejemplo, en enero del año pasado firmaron estos seis contratos: 050GYR040T01824-001-00, por 210 mdp; el contrato 050GYR040T01824-003-00, por 241 mdp; el 050GYR040T01824-004-00, por 125 mdp; el 050GYR040T01824-005-00 por 143 mdp; el 050GYR040T01824-006-00 por 133 mdp; 050GYR040T01824-007-00 por 144 mdp.

La empresa Human Corporis, comenzó a registrar actividad de contratos con el Gobierno Federal a partir del 2018, inicio del sexenio de López Obrador. 

Cabe señalar que la referida empresa cuenta con señalamientos en informes de la Auditoría Superior de la Federación, en reportes de 2023 y 2024. Sin embargo, sigue ganando millonarias licitaciones del Gobierno, a pesar de que, como en el caso de Sonora tarde hasta un año en entregar. 

Sonora foco rojo en cáncer

Los presupuestos para operar el Hospital Oncológico ya no corren por parte del Gobierno de Sonora. En 2023 le fueron etiquetados recursos por 187 mdp en el Presupuesto de Egresos; en 2024 bajó 91 mdp; el año pasado mantuvo 91 mdp; y este año ya no apareció. 

Para ubicar los recursos que actualmente recibe la institución es adentrarse en un laberinto de datos, y aunque el ciudadano lo solicite vía Transparencia, las respuestas de las Unidades de Enlace es prácticamente para que dejes de buscar.

En Sonora la delegada del Sistema IMSS Bienestar es la Doctora Gabriela Nucamendi, quien por cierto según la PNT, percibe un sueldo mensual bruto de 144 mil 988 pesos. 

De acuerdo a las autoridades de Salud de Sonora, con este nuevo acelerador lineal, se pondrán brindar hasta 22 mil sesiones de radioterapia. Atención urgente para un padecimiento creciente. 

Y es que, según datos del INEGI, Sonora registró la tasa de mortalidad por cáncer de mama más alta del país, con 27.5 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años y más. Aunque recientemente esta cifra descendió a 22.3 fallecimientos, la entidad se mantiene en focos rojos.

Para finalizar, recordar que en 2024 en la entidad contabilizaron 898 casos nuevos de cáncer de mama, de los cuales 695 fueron de Hermosillo. Sin duda un tema urgente de atención y seriedad. 

El Gobierno de Estados Unidos lo ha señalado de encabezar una red dedicada al lavado de dinero generado por el tráfico de drogas para el Cártel de Sinaloa, incluido la venta de fentanilo.

En el comunicado de sanciones del Departamento del Tesorero, lo señala de ser parte de la facción de “Los Chapitos”.

Pero antes de esta sanción impuesta por el Gobierno de Estados Unidos, Armando de Jesús Ojeda Avilés estuvo trabajando en el Gobierno Municipal de Culiacán.

Y su último contrato se dio en medio de la crisis de violencia que vive Sinaloa en la disputa entre las facciones de “Los Chapitos” contra “Los Mayos”.

Hasta el 30 de junio de 2025, tenía el cargo de auxiliar administrativo en la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable del Gobierno Municipal.

Ingresó a la administración pública como trabajador de confianza y tenía el contrato para el primer semestre de 2025, en el que tuvo una remuneración mensual neta de 7 mil 764.98 pesos.

En su declaración patrimonial presentada ante el Gobierno de Sinaloa, presentada en mayo de 2025, declaró tener un ingreso mensual de 18 mil pesos por su cargo público.

El egresado de la Licenciatura en Derecho en 2018, señaló no tener propiedades, pero sí un menaje de casa por 200 mil pesos adquiridos a créditos.

Según el Gobierno de Estados Unidos, asumió la responsabilidad del lavado de dinero para “Los Chapitos” tras el asesinato Mario Alberto Jiménez Castro, ocurrido en febrero de 2025 en el Estado de México.

“Ojeda Avilés asumió el cargo de principal blanqueador de dinero de ‘Los Chapitos’ tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, a quien la OFAC designó el 26 de septiembre de 2023, citando el uso que hacía Jiménez Castro de criptomonedas y transferencias bancarias, entre otros métodos, para transferir las ganancias de la venta ilícita de fentanilo en Estados Unidos a los líderes del Cártel de Sinaloa en México”, señala el Departamento del Tesoro.

Además de blanquear dinero procedente del narcotráfico, añade, Ojeda Avilés también participa directamente en la supervisión de envíos de estupefacientes a Estados Unidos, incluyendo fentanilo, cocaína y metanfetamina ilícitos.

Señaló que la red de Ojeda Avilés está compuesta por proveedores de drogas con base en México, así como por mensajeros con base en Estados Unidos que se encargan de recoger el dinero.

En concreto, explicó, Ojeda Avilés ha coordinado la recolección de grandes cantidades de dinero en efectivo en Estados Unidos, provenientes de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas.

Posteriormente, continuó, facilita la conversión de este dinero en criptomonedas para su transferencia final al Cártel de Sinaloa en México.

Por Ileana Bernal de la R.

El congelamiento de cuentas del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, sus hijos y otros funcionarios y ex funcionarios implicados en solicitudes de extradición realizadas por autoridades estadounidenses, fue confirmado como una medida preventiva.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó, desde Palacio Nacional,  que la medida fue ejecutada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debido a la relación del sistema financiero mexicano con instituciones estadounidenses.

“No hay una investigación por parte de la UIF, sino que en función de que los bancos mexicanos tienen relación con entidades financieras de Estados Unidos, se realizó de manera preventiva”, puntualizó.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con Rocha Moya, entre ellas casos vinculados a seguridad y procesos electorales en Sinaloa.

La mandataria adelantó que a UIF emitirá un comunicado para detallar el alcance de esta medida.

“Son mecanismos automáticos en cualquiera que cumpla diferentes casos”, afirmó la mandataria frente a medios de comunicación», finalizó.

 

En entrevista con Ruiz Quirrín, el nuevo ombudsman afirmó que no llega con “machete” ni a “incendiar la pradera”, sino que buscará establecer su propia dinámica de trabajo que implica brindar resultados a la gente 

 

Por Redacción

Ante los 33 diputados del Congreso del Estado, Cervando Flores Castelo alzó la mano y rindió protesta como nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para el periodo 2026-2030. Su compromiso inicial fue establecer una dinámica de trabajo que rompa con el «romanticismo» de los derechos humanos y se enfoque en beneficios reales y visibles para la población.

En entrevista para Noticiero De Primera Mano con Ruiz Quirrín, el nuevo Ombudsman de Sonora enfatizó que su presidencia marcará una ruptura con el pasado, buscando transformar una institución percibida como «de élite» en una entidad cercana a las causas sociales.

“Se trata de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos deje de ser del estatus quo o la bolsa de trabajo de castas doradas y se baje a la gente. Que sea una institución al ras del suelo y que le permita a la gente tener una percepción de algo y de alguien que produce resultados tangibles en beneficio de la gente, es decir, bajarnos al nivel de la gente, pero que no que no sea como algo romántico los derechos humanos”.

 

Detrás de la legitimidad del cargo

 

Ante los cuestionamientos sobre su llegada al cargo, Flores defendió la legalidad y transparencia del proceso realizado por el Congreso del Estado, calificándolo como el ejercicio más vigilado y abierto en la historia de la Comisión.

Comentó que el proceso se desarrolló bajo la supervisión de un poder constitucional autónomo. Explicó que hubo filtros para llegar al resultado.

La primera aduana fue la revisión de los diputados de la documentación donde se validó el registro de 30 aspirantes iniciales que cumplían con los requisitos legales.

En una segunda etapa, de los 30 perfiles aptos, se seleccionó a un grupo de seis finalistas. Esta decisión fue tomada por unanimidad dentro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Y en la designación final, Flores fue elegido por el pleno del Congreso con el respaldo de más de las dos terceras partes de los legisladores, cumpliendo con el rigor constitucional requerido.

En este sentido, el nuevo presidente de la CEDH desestimó las críticas que señalan su pasado partidista en el PRD o su reciente labor en el gobierno estatal como impedimentos para el cargo.

“En ese supuesto que me marcan, ¿cómo puede ser posible si hablan de 25 años atrás? ¿Será posible pensar que eso sea impedimento para que a estas alturas yo no pueda ocupar este cargo?”, cuestionó.

Además, refirió que se trata de un partido que ya perdió su registro y no existe.

Argumentó que no existen requisitos de “temporalidad eterna” en la Constitución que prohíban a un ciudadano ocupar cargos públicos de por vida por actividades pasadas.

Explicó que, ante la falta de tiempos específicos en la ley local, se debe aplicar de manera supletoria la ley nacional, la cual establece un periodo de solo un año de separación de otros cargos para ocupar una comisionaduría.

Aseguró que su designación es “absolutamente viable y legítima”, sugiriendo que cualquier juicio en su contra resultaría en una orden judicial para que el Congreso elimine artículos locales que contravengan la Constitución Nacional por ser “absurdos e irresponsables”.

 

Reestructuración interna

 

Cervando Flores inició su gestión revisando la documentación y el estado administrativo de la CEDH. Respecto a los rumores sobre solicitudes de renuncia masivas en su primer día, el comisionado aclaró que su trato inicial fue exclusivamente con el expresidente Luis Fernando Rentería durante el proceso de entrega-recepción. Sin embargo, fue contundente respecto a sus facultades normativas para conformar su equipo de trabajo.

Flores defendió su derecho de nombrar a funcionarios de su confianza en áreas estratégicas y mandos básicos. “Entra un equipo y tengo que proponer a personas que me han acompañado… que son de mi confianza y con las que coincidimos en una perspectiva”, señaló. No obstante, aseguró que este proceso se realizará con respeto absoluto a los derechos laborales y sin “incendiar la pradera”.

 

Autonomía frente Palacio

 

Cervando fue cuestionado por la capacidad que tendrá desde la CEDH para confrontar al gobierno en turno. Flores aseguró no tener ninguna disyuntiva al respecto, afirmando que su encomienda es defender a la gente y denunciar cualquier abuso o negligencia de funcionarios públicos.

Aunque reconoció haber mantenido conversaciones “sensibles y de reflexión” con el gobernador, Alfonso Durazo, enfatizó que nunca ha recibido una instrucción o mensaje que comprometa su autonomía.

Insistió que su postura es de diálogo y resolución, pero con la firmeza necesaria para señalar y observar a cualquier autoridad que violente derechos humanos. “No se trata de andar incendiando praderas, se trata de que se resuelva”, añadió.

Nada que se haya logrado con la intervención del crimen organizado debería considerarse válido; porque lo verdaderamente aplastante no es el triunfo, sino la consecuencia de tener gobiernos que negociaron nuestra paz y seguridad

 

Por Mónica Calles Miramontes

La reciente acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, junto a otros ocho funcionarios públicos, no hace más que evidenciar lo que ya era un secreto a voces: la profunda injerencia del crimen organizado en las elecciones.

En el proceso electoral de 2021, donde Rocha Moya obtuvo la gubernatura, estas organizaciones criminales fueron los actores políticos. Eligieron a los candidatos: aportaron el financiamiento, influyeron en los participantes y decidieron quién sería el ganador.

Siempre se nos dijo que fue una victoria aplastante. Rocha Moya obtuvo el 56.6% de los votos, mientras su más cercano contrincante postulado por el PAN-PRI-PRD obtuvo el 32.49%.

Sin embargo, a cinco años de ese “triunfo democrático” y frente a las graves acusaciones del gobierno de EE.UU. contra Rocha Moya, regresa la inevitable pregunta: ¿a qué costo y con qué métodos se ganaron esas elecciones?

En el 2021 el PRI impugnó los resultados ante el Tribunal Electoral de Sinaloa, denunciando una jornada marcada por la violencia generalizada, comandos armados robando material electoral, intimidación de la población y privación de la libertad de opositores, empresarios y funcionarios.

Asimismo, hombres armados secuestraron al hermano de la candidata a la alcaldía de Badiraguato, quien se postulaba por la coalición PRI-PAN-PRD, lo que ocasionó que ella abandonara la contienda para pedir que lo devolvieran con vida.

El terror se extendió por todo el estado y se documentó en más de notas periodísticas, así como en actas de funcionarios electorales. La crisis fue innegable, el propio el INE y el Instituto Electoral de Sinaloa reconocieron los actos de violencia y solicitaron la intervención de la Guardia Nacional para el día de la jornada electoral y días posteriores.

Pese a todo, el Tribunal Electoral de Sinaloa desestimó la solicitud de nulidad de la elección que realizó el PRI.

El Tribunal de Sinaloa minimizó la crisis, concluyendo que solo se habían acreditado actos de violencia aislados en el 0.46% de las 4,986 casillas instaladas, y bajo este argumento decidieron que la “voluntad del pueblo” no se alteraba ante esas “minucias”.

Habría que preguntar: ¿Cuál voluntad? ¿La voluntad obtenida con balas, secuestros, campañas financiadas por el narcotráfico e intimidando a los sinaloenses?

La opacidad del proceso judicial genera aún más dudas. La impugnación sobre la elección fue turnada a la magistrada Aida Inzunza Cazarez, hermana del senador Enrique Inzunza, quien en ese entonces fungía como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa. Tras consolidarse la “victoria”, Enrique Inzunza pasó a ser el secretario general de gobierno en el gabinete del Rocha Moya.

Hoy ambos, Rocha e Inzunza, son prófugos de la justicia estadounidense y la punta del iceberg que empieza a desmoronar la llamada “cuarta transformación” del partido Morena.

Lamentablemente, el caso de Sinaloa no es algo aislado, es la radiografía de un sistema que no protege a la ciudadanía. Los tribunales electorales fallan a favor de elecciones controladas por el crimen organizados, bajo el pretexto de que los ciudadanos no recabaron pruebas “contundentes” contra los sicarios que los amenazaron.

Una sentencia que valida una “narco elección” condena a la población a vivir sometida al crimen organizado en los siguientes años.

No importa lo “aplastante” del triunfo electoral; nada que se haya logrado con la intervención del crimen organizado debería considerarse válido; porque lo verdaderamente aplastante no es el triunfo, sino la consecuencia de tener gobiernos que negociaron con el crimen organizado nuestra paz y seguridad.

Sinaloa cierra el ciclo de Rocha Moya con más de 4 mil homicidios y con un aumento descomunal de violencia traducido en tortura, desaparición de personas, extorsión y secuestros.

Una elección ganada por la intervención del crimen organizado jamás debería considerarse válida, porque deja de ser un asunto de pruebas y se vuelve complicidad. La complicidad de condenar a un pueblo a vivir entre balas.

Abogada electoral y constitucional | Columnista | Análisis político

Web: defensaelectoral.com.mx

X: moni_calles

El ex Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida Sánchez, detenido en Estados Unidos de América, y el ex Secretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, deben ser extraditados para responder ante la justicia en México en caso de que existan delitos que perseguir en el país, señaló la Senadora morenista Imelda Castro Castro.

En entrevista este sábado, previo a su asamblea informativa en Guasave, la legisladora sostuvo que, independientemente de las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses, México cuenta con instituciones y leyes para investigar a sus propios funcionarios.

“Creo que si ellos tomaron esa decisión personal lo que le corresponde a las autoridades mexicanas es pedir la extradición porque ellos deben de ser juzgados en México”, sostuvo.

Castro Castro cuestionó que ex servidores públicos mexicanos opten por entregarse a la justicia de Estados Unidos y no enfrenten primero a las autoridades nacionales.

“... independientemente que los acuse Estados Unidos, nosotros tenemos instituciones, nosotros tenemos leyes, nosotros tenemos autoridades, es lamentable que pues habiendo siendo servidores públicos mexicanos, pues por qué no confían en las autoridades mexicanas, en las leyes mexicanas y se someten pues a una justicia que es a veces hasta doble o hipócrita”, manifestó.

La Senadora añadió que el hecho de que Gerardo Mérida se haya entregado y se declarara no culpable en la audiencia inicial ante la Corte federal de Nueva York celebrada la tarde de este viernes, podría indicar que busca colaborar con las autoridades estadounidenses para obtener beneficios procesales.

“... en los dos casos se ha dicho que se entregan, pero que se declaran no culpables y entonces cuando ellos se entregan y se declaran no culpables, ¿qué quieren decir? que van a culpar a otros y que ellos van a tratar de salvar el pellejo con una justicia extranjera”, aseguró.

La legisladora indicó que corresponde al Gobierno de México determinar si el ex funcionario tiene delitos pendientes en territorio nacional y, en su caso, iniciar el procedimiento de extradición.

“El Gobierno mexicano tiene que hacerlo su obligación, hacerlo porque se tiene que ver si ellos tienen aquí delitos que pagar. Porque desde la justicia mexicana hasta ahorita no ha habido acusaciones, vienen de allá de afuera. Entonces la justicia mexicana tiene que procesarlos en su caso, ¿no? Pues tiene que pedir la extradición”, indicó.

Sobre versiones que señalan la presunta detención del Senador Enrique Inzunza Cázarez, Castro Castro señaló que no existe información oficial que lo confirme.

“No, pues no tenemos información, así como tú lo comentas, pues no tenemos ninguna fuente oficial que así lo reconozcan”.

Asimismo, informó que envió mensajes al Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, para expresarle su deseo de que las acusaciones en su contra se aclaren.

“...es un compañero, es un ser humano, fue nuestro gobernador, o es nuestro gobernador con licencia todavía. Entonces creo que siempre hay que separar la parte humana de la política y de las acusaciones”.

Gerardo Mérida Sánchez, de 66 años, está registrado en la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos y fue trasladado a una prisión federal en Brooklyn, luego de entregarse a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo tras cruzar por la garita de Nogales.

El ex secretario se declaró no culpable de los cargos por presuntamente haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de no interferir en sus operaciones mientras estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Ese mismo viernes, el periodista Joaquín López-Dóriga informó que Enrique Díaz Vega, ex Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Rubén Rocha Moya, también se entregó a las autoridades estadounidenses, dos semanas después de ser señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el mismo expediente que involucra a Rocha Moya, Gerardo Mérida, Enrique Inzunza, el Alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil y otros funcionarios y ex funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el lugar de su entrega ni sobre su situación jurídica en ese país.

El exministro de la Suprema Corte de Justicia, Juan Luis González Alcántara, se hace esta pregunta en un reciente artículo publicado por el Heraldo de México, y expone lo siguiente: En el libro “Le Pouvior et la vie” (El poder y la vida) Valéry Giscard d’Estaing nos narra un pasaje que vivió como presidente de Francia: en la primavera de 1977, unos productores tuvieron la idea de montar un programa titulado “veinticinco estudiantes de secundaria con el presidente de la República”. Para ello se seleccionaron una muestra de estudiantes, niñas y niños, que representaban los diferentes orígenes, parisinos o provinciales, y la diversidad de condiciones sociales de sus padres. Ya en el desarrollo del programa, cada estudiante interrogó libremente, sorprendiendo uno que preguntó: “¿Tú, jefe de Estado, puedes gobernar sin mentir? En su opinión, ¿la moral y la política tienen algo que hacer juntas?”. Giscard respondió que: “se podía gobernar sin mentir y que creía haberlo hecho durante tres años, pero que había una serie de secretos, cosas que no se pueden decir”, añadiendo, “hay menos secretos de los que creemos, en este momento debo ser dueño de tres o cuatro secretos importantes, pero no más”.

Con esto entraba en contradicción, porque intentaba separar la mentira y demagogia de los llamados secretos de Estado. Algo que se tiene que guardar y no puede hacerse público, para ello están obligados a mentir. En la Casa Blanca de los Estados Unidos corre una frase para ilustrar la posición presidencial ante situaciones difíciles y comprometedoras, y dicen: “Que no se entere el presidente, para que así no tenga que mentir”. 

Pero para efectos reales, la mayoría debe considerar que es punto menos que imposible que un gobernante pueda ejercer sus funciones sin tener que recurrir a la mentira. Sobre todo, si es de las corrientes populistas como muchas que hay en este momento en el mundo. Difícilmente pueden evadir el recurrir a la demagogia para ejercer el poder. Y recuerden que “La demagogia es una estrategia política que busca ganar el apoyo popular mediante discursos emocionales, promesas irreales, mentiras o información sesgada, en lugar de utilizar argumentos racionales. Es considerada una degeneración de la democracia donde los líderes apelan a los prejuicios y miedos del pueblo para obtener poder”.

Además hay que recordar que la demagogia apela a las emociones y no a la razón. Busca excitar las pasiones (ira, esperanza, miedo) más que el razonamiento lógico. Para ello recurre a promesas irrealizables ofreciendo soluciones simples a problemas complejos que no pueden cumplirse. Además utiliza mentiras o datos descontextualizados para engañar a la población. En pocas palabras, su recurso más usado sin duda son las mentiras en todos los tonos posibles. No tienen pudor para mentir y mentir en todo lo que ofrecen y hacen. Luego entonces resulta punto menos que imposible que puedan gobernar sin usar la mentira como principal herramienta. 

El ejemplo más palpable de cómo se recurrió a la mentira para gobernar está con Andrés Manuel López Obrador quien de acuerdo con la Consultora SPIN, tan solo al cierre de su cuarto año le habían contabilizado cien mil afirmaciones falsas, engañosas o no comprobables dichas tan solo en sus conferencias mañaneras. Esto se debe a que basaba su estrategia de comunicación en el uso de propaganda no de información veraz. Para sostener esto tenía una enorme estructura de comunicación, comenzando con enormes granjas de bots que arropaban todo lo dicho. Eran su principal defensa y además usadas para promover linchamientos mediáticos. Para convencer a sectores sociales de que lo dicho por el presidente era verdad, aunque se comprobara que era una mentira total. 

De acuerdo al balance de SPIN se reportaron hasta 94 o más de 100 afirmaciones falsas por conferencia, según diferentes análisis. Esta cifra superó por más del triple las 30,500 afirmaciones similares contabilizadas a Donald Trump en cuatro años de mandato. Las falsedades incluyeron promesas incumplidas, datos erróneos sobre la economía, seguridad y la supuesta eliminación de la corrupción, según análisis de seguimiento. Con esto demostró que sin la mentira como herramienta hubiera sido punto menos que imposible que hubiera podido gobernar. Además su discurso se sustentaba en los beneficios que recibían los sectores de la población con los programas del Bienestar.

Con esto queda claro que un gobierno populista por naturaleza será un gobierno que opere con las mentiras. Porque les resulta muy arriesgado el decir la verdad, ya que quedaría al descubierto. Es de imaginarse la crisis que generaría el que se reconociera que el gobierno de Sinaloa tiene relaciones con los grupos criminales. Muchos caerían por efecto de fichas de dominó.

Una solución que nunca veremos es que los políticos, candidatos y funcionarios se sometan a un examen de conciencia y pasen por el detector de mentiras. Es increíble que este requisito se le pida a un simple aspirante a policía y ni siquiera se aplique a los gobernantes. Pero nadie tomará este riesgo porque es obvio que quedarían exhibidos de mentirosos. Por lo mismo, hay que resignarnos en que nuestros gobernantes seguirán usando la mentira para sostenerse en el poder. 

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