Por Manuel Gutiérrez

En un lejano lugar del que no quiero acordarme, dijo Cervantes en sus primeras líneas del Quijote de la Mancha, que todos los poderes están concentrados en el puño de la Presidencia. Un partido bananero se quejó de que uno de sus pares, de menor tamaño, de menor poder, lo estaba “acosando” llamándolo en forma despectiva “Narco-Partido”, lo que causaba trauma y grandes cuentas de terapia.

Por lo que, desesperado por tanta molestia, repetida hasta el cansancio, recurrió al Instituto Narco Electoral —perdón, error de dedo—; la palabra correcta es Naco, en referencia al personaje simplón de la fauna urbana que abunda en el país, que ingenuamente cree en la cartilla moral de Morena o en los aciertos de esta administración, los cuales son parte del imaginario de la fe; es como creer en los reptilianos.

Ser de La Mancha es ser manchego, no manchado. Pero el caso de Morena es más mancha que otra cosa, porque el apodo del niño travieso del colegio nacional, llamado Alito Moreno, le recetó al partido similar la frase de que era “narco-partido”, porque últimamente en México más bien todo es narco.

Narcocorridos, narco-camioneta, narco-secuestros, narco-bloqueos, narco-incendios, narco-plaza, narco-política, narco-gobierno, por tanto, ¿qué de raro tiene que el niño Alito se refiriera así al partido de la Regeneración? El cual resultó lo contrario, porque si bien el calificativo de narco revela de alguna manera sustantiva de qué estamos hablando: del problema de seguridad nacional.

Pero el Instituto Nacional Taddei —otro error de dedo—, en referencia a la favorita Lupita del presidente anterior que sigue ejerciendo el Maximato, mientras la familia Taddei pasaba a ser de sangre guindaazul de Morena, hasta le escrituraba Litiomex, empresa pública que para nada sirve, nada produce, sí cuesta y donde los Taddei metidos ahí sí cobran muy bien.

Ese órgano electoral, antaño defendido por el grueso de la población en los tiempos de Lorenzo Córdova con la frase “El INE no se toca”, tiene el problema de que no fue tocado: fue manoseado, deformado, manoseado (en gerundio) hasta convertirse en un apéndice oficioso del oficialismo; y claro, para desquitar las chuletas tiene que hacer méritos.

Uno es quitarle el apodo al partido del poder, al oficial, al partidazo que encabeza Ariadna Montiel, y en el que los que creen que ya tienen ganada la próxima repartidor privilegios, elección ven al de los nuevos de las nuevas chambas jugosas, de los negocios que da la impunidad, porque ese es el secreto de llamarse Morena: nadie te toca. Poder Judicial (en su bolsillo), Poder Legislativo (mayoriteado, controlado y con sobre representación). Batman se ha vuelto miope: sólo ve a los malos que traigan letrero de sujeto activo admisible de culpa, lo que no aplica con los de Morena.

Todo este asunto confuso es por culpa de la Presidenta, porque ella no quiere que se diga “refinería clandestina”, por más productiva que sea respecto a las de Pemex: se le llama “procesadora patito combustible”; antes no dijo “emprendimiento nueva generación”. Porque la verdad, la Nueva Generación es más eficiente en sus manejos que el mismo Pemex… se me hace que en un año son capaces de lograr números negros, pagar a proveedores, terminar las deudas, pagar las obligaciones con el extranjero y, con seguridad, hacer 2 millones de litros al día. 

Aunque sean para regalarse a los ricos de Cuba, porque el pueblo no tiene coches salvo modelos tipo picapiedra, en los que el pedal se acciona con la pata a raíz, lo cual es muy ecológico, aunque no recomendable en el asfalto caliente y en los baches… 

Bueno, no estamos hablando de nada más que del sopapo que le dio el INE como prefecto escolar de unas elecciones escolares ya arregladas con anterioridad, en las que no quiere que le recuerden las abundantes declaraciones de que el dinero del narco, narco-dinero, pasó a financiar las campañas de Tamaulipas con Américo, Durazo en Sonora, y en Sinaloa, Rocha Moya y una larga fila de cruces. Pero en la tierra de Pedro Infante, el narco-personal secuestró a representantes de partidos ajenos, amenazó a familias y los sacó de la jugada con procedimientos nada afines a la democracia; pero es que se trataba de otro modelo: “narco-democracia”, que genera un “narcoestado”, y ante el que el INE ni siquiera les dedicó un memorándum o les hizo una filípica.

Como Claudia, que pintaba frases de mucha democracia, de mucha libertad y mucho respeto a la libertad de expresión, pero nos advirtió que tiene todo el poder como para censurar en lo que queda de la república a quien quiera, como autócrata, como reina sin corona y como ayudante del mero mero que sigue siendo el Rey. 

Bueno, estábamos con el niño malo Alito. Para saltar la prohibición hizo propaganda inteligente como lo mostró Orquídea Fong, la tenaz periodista capitalina, con el hecho de que la prohibición impulsó a llamarse “narcopartido” en las redes por casi una semana consecutiva. El PRI, obediente, dijo: Morena es un “Ya sabes qué”, una forma graciosa de decirlo.

Cuando Andy recordó que era hijo del caudillo, del único, del inmarcesible, del máximo ser de la política mexicana, nadie procedió a llamarlo de otra forma que no fuera Andy, salvo los que solicitan audiencia en pos de favores o van a informarle de sus trabajos por los que están bien pagados. Pero para el pueblo siguió siendo Andy y se le quedó. 

Así los siervos del N-partido podrán decir ufanos: “Acercamos el cártel al pueblo”. Miren, es como el afán de la FIFA por prohibir cierta palabra de 4 letras que comienza con p y termina con o, y que se aplica al portero contrario en su despeje o según el humor del público en el estadio y las ganas de hacer humoradas; pero Infantino está pensando en cómo doblar a la UEFA, que le tiró el negocio con Kushner, de la familia real de Trump. 

Bien puede el INE agregarlo a su lista de prohibiciones, como tantas que se ponen y que al final son anécdotas; que al cabo a la gente le vale y lo dice como se le antoja y como es costumbre.

La fama pública se gana por hechos, y en este caso la vinculación de los morenos con los narcos tiene mucha tela de dónde cortar. Pruebas, pruebas. pues están las denuncias de los afectados por el despojo electoral del PRI, pero eso no vale: sólo las quejas de Morena. Desde el financiamiento electoral, los viajes de la real familia a Sinaloa, las giras a Badiraguato, la defensa del narco-gobernador Rocha Moya… ven, ya se me pegó, vade retro Satanás. En adelante diré: “Gober con licencia para cumplir los designios de la voz de mando que gobierna de facto este país”, GLVMGFP nada más. 

Y maña que se da el lujo de acabar con la flotilla de camiones de la Pepsi-Sabritas en Matamoros… por no pagar plaza, además de desaparecer jóvenes en su leva sicaria y los demás efectos colaterales que tiene la promoción de los opioides, los fentanilos, la marihuana y las pastillas y cápsulas de colores que producen pesadillas coloridas, y tantos centros de exterminio (perdón, el gobierno les llama “centros de la amistad y la concordia y magia desaparecedora”) y ya no pondré iniciales.

Yo solamente ilustré que es contraproducente, cuando te echan toda la carrilla, resistirte a los hechos y evitar los apodos o sobrenombres populares. 

Después de todo, hasta los cigarrillos clandestinos son impuestos en muchas tiendas de regiones enteras del país… tienes que chupar Laredo en lugar de Marlboro ante un gobierno que no sabe que el único facultado para cobrar impuestos con la ley es él, pero déjenlo dormir: su alcance no llega más allá de Cuautitlán. 

Los otros tienen su propia ley y cobran dónde y cuándo quieren, pero los “enjambres” de Batman al parecer toparon con pared en el Estado de México con Delfina porque siguen igual o peor… pero esto hace insostenible el imperium del gobierno, y sin eso no es gobierno. 

En resumen, alguien gobierna este país: unos dicen que son ellos y que son transformadores; claro, se volvieron traficantes de huachicol y cosas similares. Y los otros gobiernan desde no sé dónde, pero su poder fáctico los hace otro tipo de gobierno, con menos burocracia y sin mañanera, y manejan mejor la gasolina. 

Alito tendrá que estar en el patio con un ladrillo en cada mano, de rodillas, como en la antigua escuela mexicana, o como si fuera alumno de la Dönitz militarizada. 

Todos quieren que vuelva el orden, la disciplina, pero por arte de encantamiento, no por aplicar códigos y exigir esfuerzos y sacrificio personal. Son generaciones de niños cristal, violetas, millennials o como les quiera llamar, pero solamente saben exigirlo todo y nunca se dan por enterados de lo que cuesta… problema mundial, no sólo nacional. 

El problema de esta campaña fue que las escuelas internados serios militarizados quedaron ya prohibidos, pero serán las urgencias mundiales las que les devuelvan el crédito, sus programas oficiales y hasta el reconocimiento, porque estas nacieron de la Segunda Guerra Mundial, cuando tomar las armas contra las potencias del Eje era algo decente, valeroso y un modelo disciplinar en el que las órdenes de tipo militar eran aplicadas como sistema. Incluso el problema parte de la vida en las escuelas militares, en la que la disciplina, la debilidad, la falta de fuerza mental o física se convierten en motivo de la carrilla, de la carga, burla y de los castigos físicos que se emplean (dicen) para hacer verdaderos guerreros de las débiles criaturas; pero el bullying existe, existirá y seguirá con director disfrazado de marinero o de mentor. Es lo de menos: esperen y lo verán volver, porque casos de tragedias las hemos padecido en todo tipo de escuela sin excepciones. Pero por ahora ya satanizamos ese punto. Al cabo ni quería inscribirme en una de ellas… la vida civil es más cómoda, y La ciudad y los perros quedó de Don Mario Vargas como modelo peruano del modelo universal de chupar la alegría y de formarte a base de mamporros. Y ya viene el cambio, vean la serie coreana “Así aprenderás” y ocupamos la OPD de esa fantasía oriental

Bueno, entonces quedamos en que Morena no es N-partido. Nunca más, por favor; pero buscando pueden decir “Instituto Político Populista Vinculado con los Poderes Fácticos”, en siglas es IPPVPF, lo cual es simple y políticamente correcto. Gracias, de nada por la sugerencia.

Pero lo bueno es que la Gerenta no censura usando sus leyes; se sabe poderosa y que tiene todo a su alcance, pero ojalá lo que crearon no lo pierdan con el poder, porque otros harán la dictadura fácil con todo lo que aplanaron, aprobaron levantando la mano, o lo borraron o desaparecieron de contrapesos al poder, de rendir cuentas y de transparencia. Pero le basta con el INE por ahora, y de hecho eso ni les preocupa a los mexicanos para decir la neta.

Ya se sumarán otros organismos, el chiste está en que digamos las cosas de otra forma: “Personajes Públicos Sujetos a Campañas Difamatorias de la Extrema Derecha Internacional”, PPSCDEEI: a ver, deletrea, está bien fácil. “N-partido” nunca más, por favor; “N-partido” es “Narco-Partido”, no lo digan, pero pueden hacerlo cuando vean a la Presidenta: ella los absolverá, pero no le pidan presupuesto, porque ese no lo suelta y el gobierno está quebrado. 

Alito, qué travieso eres, sin duda… pero recuerdo un buen moquete en San Lázaro que te devolvió todos los puntos buenos que necesitas… Fernández Noroña ahí sigue y está necesitado de victimizarse por siempre, y su ayudante pone la cara. 

Alito, en tanto, necesita hacer el arte de fistiana, pero como en la primaria: afuera de la Cámara, a la salida y mano a mano —al que escupa primero—, y sigue hasta el primer mole… Eso eleva el debate y las inscripciones en los gimnasios de box, y te hace popular como eso de apodarle al PPSCDEEI “narco-partido”. Ya no más, por favor, pórtate bien; hoy contribuí a la pacificación.

En los casi ocho años que lleva gobernando la llamada Cuarta Transformación, la han agarrado contra puros exgobernadores de las oposiciones

 

Por Bulmaro Pacheco

Ángel Aguirre Rivero fue priista por un buen tiempo. Hizo su carrera en el estado de Guerrero a la sombra de José Francisco Ruiz Massieu y de Rubén Figueroa Alcocer, y le fue bien.

Ocupó todas las posiciones políticas locales y federales habidas, hasta que en 1996 le llegó la oportunidad de ser gobernador sustituto, al reemplazar a Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996), quien dejó el cargo tras la matanza de Aguas Blancas, donde perdieron la vida 17 campesinos. Aguirre cubrió el periodo de 1996 a 1999.

La historia moderna de México registra que Ángel Aguirre, al igual que Víctor Cervera Pacheco, de Yucatán, han sido los únicos que, después de llegar al cargo por designación del Congreso (interinos), volvieron por la vía de la elección popular a ocupar la gubernatura.

Cervera sustituyó en 1984 al general Graciliano Alpuche Pinzón, quien solo pudo estar dos años al frente del gobierno de Yucatán (1982-1984), ante la falta de oficio político para lidiar con los conflictos postelectorales en la entidad. Cervera gobernó primero de 1984 a 1988 y después fue postulado por el PRI para gobernar de 1995 a 2001. Años más tarde buscó la alcaldía de Mérida, que perdió, y murió en 2004.

Aguirre volvió a ser gobernador —ahora electo— de 2011 a 2014, pero por un partido distinto al PRI. Ganó mediante la coalición Guerrero nos Une, integrada por el PRD, el PT y Convergencia, y renunció al PRI para tratar de convertirse en el líder de las izquierdas en esa entidad.

Aguirre cubrió solo tres años de su periodo y se vio obligado a dejar el cargo, presionado por la dirigencia nacional del PRD, tras la desaparición de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Después de los acontecimientos y de los escándalos de la pareja perredista que gobernaba Iguala, Aguirre no supo manejar las cosas y acusó a la dirigencia nacional del PRD de haberlo sacrificado y empujado fuera del gobierno de Guerrero, negando a cada rato alguna responsabilidad en los hechos relacionados con los jóvenes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Confiado en su militancia perredista, quiso acercarse a la presidenta Sheinbaum y a Morena, enviándole, a través de interpósita persona, un regalo que la presidenta rechazó de inmediato: “Mándale saludos y dígale que no, gracias. No recibo regalos de ellos”. De ese tamaño.

Como exgobernador de oposición —quizá Aguirre se confió en que nada iba a pasarle después de casi 12 años de los acontecimientos por los que ahora se le involucra— es acusado de haber ordenado desaparecer los videos de aquella noche. La Fiscalía General de la República le imputa delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas por presuntamente haber ordenado ocultar y destruir las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando policías municipales y estatales detuvieron el autobús en el que viajaban los normalistas. Un juez le impuso prisión preventiva oficiosa y deberá permanecer en el penal del Altiplano mientras se resuelve si es vinculado a proceso.

El exmandatario de Guerrero se confió en los años transcurridos y creyó que le había bastado aquella declaración que dio meses atrás, cuando dijo que, como gobernador, había apoyado a la Escuela Normal con la donación de un camión. Nada dijo de las autoridades municipales de Iguala —la gota que derramó el vaso—, que, al igual que él, pertenecían al PRD y tenían el sello del expresidente López Obrador.

Con esa militancia, Aguirre pensó que nunca le iba a suceder lo que le pasó a Rosario Robles, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (1999-2000), quien pasó injustamente tres años en la cárcel. Ella había sido antes secretaria de Gobierno del Distrito Federal (1997-1999).

O que la iba a librar ignorando lo que le sucedió al exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez (2010-2016), extraditado de Estados Unidos en 2022 y nuevamente detenido en 2025, acusado de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

O el caso del exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam (1993-1998), procesado también por el caso Ayotzinapa, pero por haber desempeñado el cargo de procurador general de la República en el gobierno de Enrique Peña Nieto durante el año de los acontecimientos en Guerrero.

O el caso del exgobernador de Puebla, Mario Marín (2005-2011), detenido en 2021 y encarcelado por su presunta responsabilidad en la tortura de la periodista Lydia Cacho, muchos años después de dejar el poder.

Y, en el caso más reciente, el del primer gobernador de oposición que ganó la gubernatura de Baja California en 1989: Ernesto Ruffo Appel, detenido en julio de 2026 y vinculado a proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, en el caso conocido como “huachicol fiscal”.

Por lo visto, en los casi ocho años que lleva gobernando la llamada Cuarta Transformación, la han agarrado contra puros exgobernadores de las oposiciones: PRI, PAN y PRD. Todo, como una estrategia de manejo político-electoral para tratar de borrarlos del mapa político —mensaje para el proceso electoral de 2027— y como reafirmación de su tesis de los años “perdidos” (sic) en que gobernó la oposición en México; una justificación para la falta de respuestas y soluciones a los grandes e importantes problemas nacionales, a casi ocho años de que llegaron al poder.

Creemos que las cosas no van a parar ahí y la pregunta obligada ante esa estrategia política es: ¿quién sigue?

Ahí está Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán por el PRD (2015-2021), quien ya es buscado: enfrenta órdenes de aprehensión y una ficha roja de Interpol por acusaciones federales y estatales.

También está Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2022), exgobernador panista de Tamaulipas, quien reside en Estados Unidos y cuya extradición ya solicitó el gobierno mexicano.

También está Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano (2018-2024), al que, al parecer, ya traen en la mira.

Y está Maru Campos, gobernadora de Chihuahua (2021-2027), contra quien legisladores de Morena promovieron acusaciones de “traición a la patria” y un juicio político —que no prosperó—, aunque seguramente esperarán a que termine su periodo en 2027 y deje de tener fuero.

También se ha mencionado a Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México por el PRD, de 2012 a 2018.

¿Y los exgobernadores de Morena? ¿Y los señalados por su vinculación con la delincuencia organizada y el huachicol fiscal? Nada. Actualicemos la frase atribuida a Juárez: “A los enemigos, la ley; a los amigos, justicia y gracia”. A ellos no se les toca ni con el pétalo de un expediente judicial, porque se desgranaría la mazorca.

Así las cosas, en el México de la presumida “Revolución de las Conciencias”.

El cargo PRI y PAN piden investigar señalamientos contra Andy tras revocación de visa apareció primero en Tribuna de México.

Por más homenajes que le realice en muerte el Partido Revolucionario Institucional a Jesús Enrique Hernández Chávez, símbolo de los mejores tiempos y testigo inconforme de la decadencia en las siglas tricolor, nada del PRI en la época de Alejandro Moreno Cárdenas reivindica la memoria del Chuquiqui que en los últimos años se rebeló contra la toma absoluta del control partidista por parte de la dirigencia nacional que aplastó y ahuyentó a los liderazgos locales. Inclusive hoy en la tumba, el decano emblema de la vieja guardia priista ha de estar intranquilo por las esquelas, pésames y epitafios que transmutan de la traición al encomio.

Es que Hernández Chávez vio morir al PRI mucho antes de que la vida le marcara a él la última partida. Desde la retirada silenciosa lo dijo todo, mientras que la oratoria habilidosa de “Alito” y cofrades realmente le cantaba el epitafio al Revolucionario Institucional. Resistió en su militancia para presenciar cómo una camarilla convirtió en rehén al partido, lo utilizó para apetitos particulares y luego lo subastó al mejor postor como mercancía de segunda.

El líder cuya presencia física se extinguió el 8 de agosto había enviado al PRI la bitácora a cubrir para el rescate de esta organización política, poniendo a la militancia al frente de la toma de decisiones. En mayo de 2023, al dimitir en la Comisión Estatal de Procesos Internos, le dijo a Alejandro Moreno que las bases priistas no están “pintadas” en Sinaloa, ya que “Alito” desplazó a los centros de decisión locales y comandó la designación de dirigente estatal. Y así empezó la huida de los priistas y la deserción de los referentes de unidad interna.

Si la actual cúpula del Revolucionario Institucional fuera sincera, reconocería que Chuquiqui le es más útil muerto que en vida. La “piedra en el zapato” que representó el sinaloense para la mafia que hizo del PRI una marca registrada para el atraco y el cinismo implícito, se ha ido y queda solamente la huella de quien proponía revivir al partido con el oxígeno de los cuadros jóvenes y la guía de los veteranos sabios.

Fue un político fiel a la circunstancia en los tiempos de la todopoderosa dictadura perfecta y también en el ciclo en que la sociedad salió a las casillas electorales a cobrarle todos los agravios a la estructura tricolor. Cuando Alejandro Cárdenas se apropió del PRI acabó el período de los priistas leales y empezó la temporada de los oportunistas que canjearon la permanencia en el partido a cambio de recibir canonjías del PRI en ruinas.

En 2023 Chuquiqui fue el primer grano que se desprendió de la mazorca tricolor antes de que la plaga de la felonía utilitarista lo alcanzara a él. Una vez que dejó la Comisión Estatal de Procesos Internos vino la dimisión de ocho ex diputados federales, un ex senador, tres ex dirigentes sectoriales, tres diputados locales en activo, un ex alcalde de Mazatlán, un ex aspirante a la gubernatura de Sinaloa, 165 líderes agrarios y un ex dirigente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa.

En aquel tiempo “Alito” como dueño único del PRI decidió de manera unilateral que Paola Gárate Valenzuela tomara las riendas del PRI en Sinaloa y ello inconformó a cuadros de mayor trayectoria y expertis que exigían ser tomados en cuenta para intentar la enésima resurrección del partido frente a las debacles sufridas en las elecciones de 2018 a nivel nacional y 2021 en lo estatal. Las bases priistas exigían experiencia y lealtad probadas; Moreno Cárdenas optó por alguien que le cuidara la devaluada franquicia tricolor en el territorio de los once ríos.

Y vino la peor estampida que haya afectado al PRI en Sinaloa. Se fueron figuras de la talla de Jesús Valdés Palazuelos, Gloria Himelda Félix Niebla, Antonio Castañeda Verduzco, Manuel Tarriba Rojo, Sergio Mario Arredondo Salas, Sandra Judith Lara, Javier Luna Beltrán, Cinthia Valenzuela Langarica, Feliciano Valle Sandoval, Fernando Pucheta Sánchez y Gabriel Ballardo Valdez, entre otros. Esta es la enorme cicatriz que Hernández Chávez le deja al PRI para que jamás olvide el golpe asestado a aquellos que acapararon al partido para fines aviesos.

La fría esquela que publicó el PRI el fin de semana está apegada a la actitud hipócrita que adoptó cuando Chuquiqui se rebeló por el ya previsible maximato del “Alito”, prolongado de 2019 a la fecha. En 2023, al encabezar Hernández Chávez la desbandada tricolor, la entonces líder del partido, Paola Gárate, tildó a los desertores como políticos que “no saben vivir fuera del presupuesto”.

Hoy el Comité Directivo Estatal lo trata de manera distinta, fingida: “despedimos a un priista de convicciones, de esos que construyeron partido desde abajo, que entendieron la política como servicio y que hicieron de la lealtad, la palabra y la amistad una forma de vida. Su voz, su carácter, sus enseñanzas y su pasión por el PRI permanecerán en la memoria de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir camino con él”.

La vida de Hernández Chávez dentro y fuera del PRI sintetiza la historia en sí del partido que no aprendió a honrar las ilusiones de la sociedad que lo apoyó durante décadas. El deceso del ex Alcalde de Culiacán, ex Diputado federal e integrante en dos ocasiones del Congreso del Estado, le hereda al priismo la reprimenda a quienes lo hunden en la ignominia y el llamado a las nuevas generaciones a ser pertinaces en la reconstrucción de la fuerza tricolor.

Si en la vida fue el Chuquiqui,

para el PRI hombre de lealtad,

con su muerte es como un dique,

contra ‘Alito’ y su gran ruindad.

Sacando cuentas de los priistas que abominaron a “Alito” y creyeron que el Movimiento Regeneración Nacional les significaba el mejor abrigo político emergente, la llamada Cuarta Transformación les ha quedado a deber en Sinaloa ya que al parecer los utilizaron solamente para ambientar la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en 2024 y posteriormente se deshicieron de ellos como se echa a la basura la envoltura de un buen caviar. Ya quisieran muchos morenistas poseer las estructuras y bases de liderazgos aún vigentes como los de Fernando Pucheta en Mazatlán, Jesús Valdés en Culiacán y Feliciano Valle Sandoval en Guasave. ¿Se volverán a acordar de ellos en el proceso electoral de 2027 en el cual habrá votaciones para Gobernador, presidentes municipales y diputados federales y locales?

Jesús Enrique “Chuquiqui” Hernández Chávez, uno de los políticos sinaloenses con mayor trayectoria dentro del Partido Revolucionario Institucional, falleció sábado en Culiacán.

La muerte del ex Presidente Municipal de Culiacán y ex dirigente estatal del PRI marca el cierre de una larga carrera política que se extendió por varias décadas y que lo llevó a ocupar cargos en los ámbitos municipal, estatal y federal.

Hernández Chávez fue presidente municipal de Culiacán durante el periodo 2001-2004.

Fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, además de secretario general de la Federación de Organizaciones Populares en Sinaloa y delegado general del Comité Ejecutivo Nacional del partido en distintos estados del País.

Antes y después de ocupar responsabilidades partidistas, Hernández Chávez construyó una trayectoria como legislador al ser diputado federal por Sinaloa en la LI Legislatura del Congreso de la Unión y posteriormente diputado local en distintas legislaturas del Congreso estatal.

Uno de los cargos de mayor relevancia que desempeñó fue la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, posición desde la que tuvo un papel central en la conducción política y en la construcción de acuerdos entre las distintas fuerzas representadas en el Legislativo.

Entre sus iniciativas se encuentra la creación del Premio al Mérito Juvenil, así como propuestas para fortalecer el Instituto de Investigaciones Parlamentarias y establecer mecanismos de servicio civil de carrera y modernización administrativa.

El “Chuquiqui” y el viejo priismo

Conocido durante décadas como “El Chuquiqui”, Hernández Chávez fue identificado como una de las figuras de mayor experiencia dentro del priismo sinaloense.

Aunque con el paso de los años se alejó de los principales cargos de elección popular, mantuvo presencia en la vida política del estado y continuó siendo una figura consultada por su experiencia dentro del partido y del Congreso.

En agosto de 2024 todavía participaba en reuniones de priistas de la llamada vieja guardia, donde hablaba sobre el rumbo que debía tomar el partido.

Su participación en esos encuentros mostró que, pese a estar alejado de los cargos públicos, conservaba influencia y reconocimiento entre sectores del priismo sinaloense.

Una trayectoria ligada al Derecho

El perfil profesional de Hernández Chávez estuvo vinculado al Derecho. Fue licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa y realizó estudios de Notario Público.

También cursó un diplomado en Derecho Parlamentario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Su trayectoria atravesó buena parte de la vida política de Sinaloa y dejó su nombre ligado a una de las etapas de mayor presencia del PRI en el estado.

Editorial

Un comunicado de la ACJM de Guadalajara nos recuerda que “El día 31 de julio de 1926, el culto público fue suspendido en toda la nación, de acuerdo con la orden dada por el episcopado mejicano en su Segunda Carta Pastoral Colectiva. En los días anteriores a tan drástica medida, el pueblo fiel se volcó en los templos. Miles de matrimonios, bautizos y confirmaciones fueron hechas en todos los rincones de la República. El cumplimiento de tales disposiciones dio origen a que los católicos defendieran sus templos cuando los agentes del Gobierno se presentaron a posesionarse de ellos el mismo 31 de julio, lo que ocasionó los primeros atentados y choques armados en distintos lugares del país: Puebla, Pue., Torreón, Coah., Guadalajara, Jal., y Sahuayo, Mich”.

Así inició la llamada Guerra Cristera, en donde miles de mexicanos murieron en defensa de sus creencias religiosas. Una etapa que por muchos años ha sido ocultada por el cinismo del sistema oficial en sus diferentes manifestaciones. Una etapa que debe de llenar de vergüenza al gobierno, porque fue una real represión al pueblo católico mexicano. Esto no aparece en los libros de texto, en donde cínicamente destacan otras acciones represivas como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o la masacre de Tlatelolco, donde murieron cientos de estudiantes. Sin embargo, guardan silencio ante los miles –porque eso fueron, miles– de asesinatos en católicos que defendieron su fe y creencias. 

Se cumplen ya 100 años del inicio de la Guerra Cristera (1926-2029), un conflicto armado en México provocado por las medidas anticlericales del presidente Plutarco Elías Calles y la entrada en vigor de la llamada «Ley Calles» el 31 de julio de 1926, lo que desató la suspensión del culto público y una profunda confrontación social. De acuerdo a las crónicas hay que recordar que todo inició cuando la Constitución de 1917 estableció restricciones a las iglesias y prohibió la participación política del clero. Luego llegó la llamada Ley Calles (1926), que reformó el Código Penal para limitar el número de sacerdotes y prohibir la educación y vestimenta religiosa pública. En respuesta a la agresión del gobierno, el clero decretó una suspensión de cultos y el 31 de julio de 1926, los obispos cerraron los templos y detuvieron los servicios religiosos visibles como protesta. 

Tras estas agresiones a la Iglesia Católica vino la resistencia armada. Campesinos y civiles católicos formaron el bando de los «cristeros» para defender su fe en estados como Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima. Las mujeres organizaron redes de apoyo logístico, aprovisionamiento y defensa de los espacios de culto clandestinos. El conflicto dejó decenas de miles de víctimas y combatientes caídos a lo largo de tres años de lucha. Después de años de violencia y cruel represión del gobierno de Elías Calles, el 21 de junio de 1929 se firmó un acuerdo entre la jerarquía católica y el gobierno de Emilio Portes Gil que permitió reabrir los templos bajo un nuevo entendimiento legal. En Sonora el conflicto religioso no terminó porque en 1931 llegó a la gubernatura Rodolfo Elías Calles, quien continuó con acciones represivas contra católicos.

Por muchos años esta parte de la historia de México trató de ocultarse. Cínicamente los gobiernos no tocaban el tema. Oficialmente la guerra cristera no aparecía en la historia de México. Terminaba la Revolución y de ahí se pasaba en los libros de texto al llamado México Moderno. Y así se archivó esta parte de la historia. Los gobiernos del PRI decidieron no tocar el tema porque, a querer o no, fueron cómplices de los crímenes contra el pueblo católico dado de que su fundador fue Plutarco Elías Calles. Con la llegada de la izquierda de Lázaro Cárdenas se trató de arreglar el conflicto, pero se archivó para efectos oficiales de la historia oficial. Y así siguió. Incluso cuando llegó el PAN a la presidencia tampoco se puso el tema en los textos oficiales. Para el gobierno mexicano se puede decir que la guerra cristera solo fue una anécdota, y con ello se buscó que la sociedad ignore el sacrificio de miles de mártires por su fe. 

Pero la Iglesia y la sociedad católica ahora buscan recordar el holocausto católico, a cien años del inicio de la guerra cristera. En un mensaje publicado en el Semanario Desde la Fe, de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, los obispos aclaran que la Iglesia en México no conmemora una guerra ni exalta la violencia, sino que recuerda tres realidades fundamentales que dejó ese cruento episodio:

 

“Queremos decirlo con toda claridad, para que nadie se equivoque ni instrumentalice nuestra palabra. No conmemoramos una guerra ni celebramos una victoria; no exaltamos las armas ni idealizamos la violencia, de dondequiera que haya venido. No convocamos a la revancha, no alimentamos el resentimiento y no ponemos esta memoria al servicio de ningún proyecto político ni partidista”.

 

Pero sí es importante rescatar esa parte de la historia de México que han mantenido oculta por muchos años. Así como piden justicia para los caídos del 68 y los desaparecidos de Ayotzinapa, más justo es reconocer el heroísmo de miles de mexicanos que dieron su vida por su fe. Es momento de rescatar su memoria y que por fin haya monumentos a su sacrificio. Es tiempo de que se haga justicia y les den un lugar en la historia.

No deja de ser retórica hueca y solo publicitaria para efectos políticos y para tratar de conservarse en el poder

 

Por Bulmaro Pacheco

En el discurso oficial la llamada “Cuarta Transformación” se trata como la continuación de las grandes transformaciones que México ha experimentado en su historia, fundamentalmente desde 1824 con la consumación de la Independencia. ¿Realidad o mito? Más mito que realidad y una interpretación muy simplista de la historia que busca adornar a un movimiento político-partidista que en sus orígenes, en 2014, con su abundante publicidad trató de dar la imagen de que venían en serio a transformar las realidades del México contemporáneo.

Todo el discurso oficial desde que llegaron al gobierno en el 2018 está impregnado del concepto 4T y lo usan para todo; para campañas políticas y el mensaje de sus aspirantes a cargos públicos, para obras oficiales, para pintar con el color guinda las obras y edificios públicos —una estrategia que ya ha fracasado en el pasado— para utilizar chalecos del mismo color francamente de muy mal gusto —así como muy cursis— para presidir eventos oficiales y para justificar su condena constante a un pasado que no se les quita de la mente en primer lugar, porque no han superado realizaciones que otros gobiernos lograron y en segundo lugar, porque a pesar de las críticas constantes al pasado inmediato —que ya no les alcanzan después de 8 años en el poder—, viven obsesionados por el tiempo que piensan durar en el poder, ante tanta crisis y tantos problemas ocasionados por las debilidades humanas que se les han presentado así como por la ineptitud e improvisación en las tareas de gobierno y no ha sido gratuito.

Las revoluciones experimentadas en México, desde el siglo XIX en adelante, fueron procesos que estuvieron madurando con el tiempo logrando despertar la conciencia de la gente para cambiar el estado de cosas en circunstancias francamente difíciles por lo que significaba ser disidente del oficialismo que en aquellos tiempos se pagaba con la muerte, la cárcel, exilios forzados —o con excomuniones— dado el caso. Cuando se celebra a los héroes nacionales la historia oficial moderna solo registra sus aportaciones y sus actos de heroísmo pero no sus muertes: por ejemplo, las muertes de Hidalgo y Morelos condenados por su rebeldía ante el poder y la persecución de que fueron objeto. El sacrificio de los liberales de la Reforma, algunos de ellos perseguidos y fusilados por los conservadores, los exilios con las dificultades de aquellos tiempos para sobrevivir con solo ideas en el extranjero, y más recientemente los asesinatos y persecuciones políticas provocados en toda la etapa de la Revolución Mexicana, cuyo ejemplo más claro —y culminante— fue el de Presidente y Vicepresidente de México, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, en febrero de 1913, para dar paso a uno de los golpes de Estado más crueles y sangrientos que la historia de México registra.

Por eso la retórica de la autollamada Cuarta Transformación no deja de ser retórica hueca y solo publicitaria para efectos políticos y para tratar de conservarse en el poder a través de un imaginario y superficial “segundo piso” (sic). A diferencia de otras batallas políticas, la llegada al poder de Morena fue diferente y nada que ver con las tres anteriores. Encontraron ya la mesa servida con las sucesivas reformas que el sistema político promovió para consolidar la pluralidad y ampliar las libertades después de tremendos esfuerzos y conciliaciones que México registró en su evolución democrática.

Casi todos los miembros del partido Morena, surgido en 2014, pertenecieron en el pasado inmediato al PRI y al PRD. El PRD les dio todo hasta que se lo acabaron al perder el registro nacional en la elección del 2024. Creado en 1989, Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador fueron sus candidatos presidenciales en 1994, 2000, 2006 y 2012 con todo y sus aliados. Como partido político, el PRD casi nunca tuvo una elección interna de dirigente satisfactoria y en unidad. Seguido aparecían las llamadas corrientes internas (o tribus) que se disputaban candidaturas —básicamente para familiares y allegados— y espacios partidistas —para liderazgos que no acreditaban en los hechos representación de mayorías— hasta que el modelo terminó por agotarse y fracturarse con la salida de los creadores originales del Partido. En muy pocos años, renunciaron a su militancia en el PRD Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador por no estar de acuerdo con la línea del partido de apoyar las reformas de los gobiernos panistas y priistas que terminó de hacer crisis en el gobierno de Enrique Peña Nieto con el “Pacto por México”.

La Independencia de México en el siglo XIX provocó poco más de 30 años de inestabilidad política en una lucha eterna por el poder entre los dos factores dominantes entonces: la Iglesia y el Ejército. Pocos han estudiado el fenómeno político que dio lugar a que los Estados Unidos de América se apropiaran de más de la mitad del territorio nacional y nos invadieran en la guerra de 1847.

Si la Independencia provocó la separación del gobierno de España, la Reforma promovió la separación de la Iglesia del Estado con todo y los costos humanos y políticos que enfrentó la mejor generación política que ha dado México: la de Juárez y sus aliados. Aun así, los conservadores de México promovieron al llamado Segundo Imperio que por apenas tres años encabezara Maximiliano de Habsburgo, fusilado en Querétaro en 1867. Juárez muere en 1872, Porfirio Díaz llega al poder en 1876, y aquel que había participado en campañas en contra de la reelección permanece en el poder hasta 1911. Durante años, las Leyes de Reforma fueron letra muerta y se restableció la figura de la vicepresidencia en 1904. México, si es cierto, alcanzó una etapa prolongada de paz política —muy costosa—, y avances en la economía y la infraestructura. La Revolución Mexicana fue al fondo de los problemas y por años, desde 1920 México alcanzó etapas de crecimiento jamás vistas en su historia, junto con los avances sociales que rompieron esquemas y promovieron cambios reales en la sociedad.

Pero la llamada Cuarta Transformación, ¿qué ha promovido? ¿Qué avances? ¿Qué logros? Al contrario, ha habido regresiones: la polarización política porque no reconocen a otras fuerzas políticas más que a las suyas. Se niegan a dialogar con los adversarios porque se sienten únicos. Han desmantelado a las instituciones que actuaban como contrapeso del poder y México ha regresado a etapas superadas de concentración del poder en una sola persona. No le encuentran la cuadratura al círculo de la seguridad pública y hoy la delincuencia organizada —asociada casi siempre con ellos—disputa el poder político en cerca del 60% del territorio nacional. También: no han podido superar el modelo político de transmisión del poder que se ha visto en México desde 1934. Han dejado intactas a las estructuras sociales y políticas que se han servido del sistema para beneficio de sus propios dirigentes. Han aislado a México del mundo, con una política exterior errática y sin rumbo y siguen las crisis en sectores tan sensibles como la salud y la educación.

No hay ni ha habido tal “Cuarta” transformación y, como afirma Fareed Zakaria: “la buena gestión de los cambios conduce a resultados estables y satisfactorios, mientras que los cambios mal gestionados se encaminan hacia un fracaso estrepitoso… a pesar de su audacia política (de capturar opositores), (Morena) no transformó inmediatamente las estructuras más profundas de la sociedad…”. ¿Cuál Cuarta Transformación, pues? Como cliché político —el concepto publicitario— suena atractivo, pero la realidad los desmiente a cada momento.

 

bulmarop@gmail.com

Las coordinadoras parlamentarias del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano exigieron que la próxima Mesa Directiva del Congreso del Estado sea encabezada por una Diputada o Diputado de oposición, al considerar que durante los últimos dos años este órgano ha permanecido bajo el control del Partido Verde Ecologista de México, aliado de Morena, mientras la Junta de Coordinación Política sigue en manos de la mayoría legislativa.

Las Legisladoras señalaron que el problema no se limita a quién ocupa la Presidencia, sino a la forma en que se han conducido las sesiones, las cuales, aseguraron, han estado marcadas por la parcialidad, la intolerancia y un manejo que consideran contrario a la Ley Orgánica del Congreso.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, Roxana Rubio Valdez, afirmó que la Mesa Directiva debe garantizar la legalidad y el respeto a todas las fuerzas políticas, en lugar de convertirse en un instrumento para favorecer a la bancada mayoritaria y sus aliados.

Por su parte, la coordinadora del PRI, Irma Moreno Ovalles, sostuvo que la conducción de la Mesa Directiva ha respondido a intereses políticos y no al cumplimiento de la Ley Orgánica, lo que, dijo, ha debilitado al Congreso como un espacio de equilibrio institucional.

En tanto, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya, consideró que el Congreso necesita recuperar su institucionalidad y dejar atrás una conducción que, a su juicio, ha privilegiado a Morena y sus aliados por encima del cumplimiento de la ley y del respeto a las minorías parlamentarias.

Como ejemplo, señaló que el ex Presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo Valenzuela Sánchez, busca ahora ser candidato de Morena a la Gubernatura de Sinaloa, lo que, afirmó, evidencia la cercanía política entre el PVEM y Morena.

Las tres coordinadoras coincidieron en que la oposición debe encabezar la próxima Mesa Directiva para garantizar imparcialidad, respeto a la Ley Orgánica, orden en las sesiones y un trato equitativo para todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado.

Editorial

La justicia en México ha sido, históricamente, un terreno donde se cruzan los intereses políticos y las aspiraciones de justicia. El reciente proceso contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y figura vinculada al PAN, contrasta de manera evidente con la ausencia de procesos judiciales contra Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa y aliado de la llamada Cuarta Transformación.

Este contraste obliga a poner sobre la balanza el siguiente dilema: ¿la justicia mexicana se aplica con el mismo rigor a todos o depende de la cercanía con el poder político?

En el caso de Ruffo Appel, la Fiscalía General de la República actuó con severidad: vinculación a proceso por delincuencia organizada y huachicol ferroviario, prisión preventiva en el Altiplano y una audiencia maratónica de más de 30 horas.

La imagen de su detención en Tijuana quedó para los archivos: en medio de un fuerte operativo, el exgobernador, de 74 años, ingresó a las oficinas de la Fiscalía. Esposado, con las manos al frente. Vistiendo jeans y camisa. Agachado a la fuerza por un corpulento agente de lentes negros.

Con este caso, desde Palacio Nacional buscan forzar la narrativa de la desarticulación de una peligrosa red de «huachicol», aunque el juicio apenas inicia.

Pero la sola acción de la detención, en esta administración, ya cuenta para presumirse como un «trofeo» en su lucha contra el crimen organizado.

Sin embargo, cuando se observan las denuncias de corrupción y nepotismo que rodean a Rocha Moya y a otros gobernadores afines a Morena, el panorama es distinto.

No hay vinculación a proceso, no hay prisión preventiva y las acusaciones se diluyen en el discurso político de la «guerra sucia» o de los ataques de adversarios.

Este doble rasero no es nuevo. La historia política mexicana está marcada por episodios en los que la justicia se aplicó de manera selectiva. Durante el régimen priista del siglo XX, los opositores solían enfrentar procesos judiciales severos, mientras que los aliados del sistema gozaban de protección.

Recordemos el caso de Demetrio Sodi de la Tijera, perseguido en los años setenta por su oposición al PRI, mientras que figuras cercanas al poder podían cometer irregularidades sin consecuencias.

En los años noventa, el proceso contra Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, fue interpretado por muchos como un sacrificio político para salvar la legitimidad del sistema, más que como un acto de justicia imparcial.

La llegada de la alternancia en el año 2000 no erradicó esta práctica. Gobiernos panistas también fueron acusados de usar la justicia como herramienta política, como ocurrió con los procesos contra líderes sindicales opositores, mientras se protegía a aliados estratégicos.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el caso de la «Casa Blanca» mostró cómo las investigaciones podían ser minimizadas cuando tocaban directamente al círculo presidencial.

Hoy, bajo el gobierno morenista, la narrativa oficial insiste en que la justicia se aplica «sin distingos». Sin embargo, los hechos muestran que la severidad se concentra en opositores, mientras que los aliados enfrentan un camino más suave.

La prisión preventiva de Ruffo Appel contrasta con la ausencia de medidas contra Rocha Moya o Marina del Pilar Ávila, pese a las denuncias públicas de corrupción. La justicia, entonces, parece seguir siendo un instrumento político, más que un poder autónomo.

Más allá de exhibir la detención de Ernesto Ruffo, lo que la autoridad no debe echar en saco roto es que la justicia selectiva termina por erosionar la confianza ciudadana en las instituciones y perpetúa la percepción de que la ley no es pareja.

La justicia deja de ser un pilar de la democracia y se convierte en un arma de legitimación política. En un país donde la corrupción y la impunidad son problemas estructurales, la aplicación desigual de la ley refuerza la idea de que el poder político sigue siendo el verdadero árbitro de la justicia.

Por eso, México necesita una justicia que se aplique con el mismo rigor a todos, sin importar la filiación política. La historia nos muestra que, mientras la justicia siga siendo selectiva, la democracia será incompleta. El reto es construir instituciones que resistan la tentación del poder y que actúen con imparcialidad, incluso cuando los acusados sean aliados del gobierno en turno. Solo así, la justicia dejará de ser un espejo de doble rasero y se convertirá en un verdadero instrumento de equidad y confianza social.

 

Por Francisco Javier Ruiz Quirrín

NO PODEMOS adentrarnos a la causa penal en la que está envuelto el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, porque no tenemos información, lo que sí podemos exponer sin duda alguna, es que continúa en esta “4-T”, vigente, la frase de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos la Ley a secas”.

De hecho, Ruffo es ahora un preso político por tres razones fundamentales: El régimen acusa como resultado de una investigación por “huachicol fiscal”, a una figura de la oposición y de esa manera busca golpear a dos partidos, al PAN y al naciente “SomosMX”. Aparte, convertir el hecho en una “caja china” para desviar la atención en escándalos como el de Marina del Pilar, actual gobernadora de Baja California y sus contactos clandestinos con agentes de seguridad de los Estados Unidos.

Ruffo fue el primer gobernador de la oposición del entonces hegemónico PRI en 1989, abriendo con ello una fisura que al paso del tiempo creció hasta sacar a ese partido gobernante de Los Pinos en el año 2000. Sin embargo, para “MORENA” y sus jefes, todo aquel que no piense como ellos es un enemigo y de ahí su visión de que existe solo un “PRIAN” opositor.

Quizá y ahora esta Fiscalía General de la República haya encontrado elementos certeros para meter a la cárcel al exgobernador, pero ese no es el punto. El cuestionamiento ahora es por qué, si teniendo elementos en sus manos, el gobierno federal no solo no ha actuado contra algunas de sus prominentes figuras, sino por los hechos, los ha perdonado.

Tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum, han repetido mil veces que “no se protegerá a nadie, trate de quien se trate”. Eso es una mentira. Los hechos están a la vista.

El mismo AMLO reconoció el fraude cometido en Segalmex, el más grande en la historia de México en ese momento y que alcanzó los 15 mil millones de pesos en detrimento del patrimonio nacional. Sin embargo, para el presidente entonces, el director de ese organismo, Ignacio Ovalle Fernández, “había sido engañado”. Éste último dio el primer trabajo en el gobierno para el tabasqueño en el sexenio del presidente José López Portillo. Eso convirtió a Ovalle en “intocable”.

¿Y qué decir de los hijos de López Obrador, envueltos en “tráfico de influencias” para hacer negocios con sus amigos? ¿Y un hermano del mismo presidente, recibiendo dinero público enviado por el gobierno de Chiapas? ¿Y los jugosos contratos obtenidos por una prima del presidente y por un hijo de Manuel Bartlett Díaz, “pegándole a la tesorería” de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Hubo alguna investigación sobre ellos? Ninguna.

Escándalos mayores se han presentado en el gobierno asumido por la señora Sheinbaum a partir del 2024 y habrá qué decirlo con claridad, como consecuencia de los excesos cometidos por su antecesor.

¿Por qué no se ha investigado acerca de las ligas de Pedro Carmona, llamado el “rey del huachicol”, de sus aportaciones a las campañas de candidatos de “MORENA” y asesinado hace tres años? ¿Acaso el gobierno federal no tiene conocimiento de las operaciones llevadas a cabo con Carmona por parte del dirigente del partido oficial, Mario Delgado, o del ahora gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal?

¿Por qué el gobierno de la “4-T” guarda silencio y protege al almirante Rafael Ojeda, —exsecretario de la Marina Armada de México y tío de los hermanos Farías Laguna, considerados operadores del “huachicol” fiscal—, cuyas ganancias en el pasado sexenio representaron un desfalco a la nación por 600 mil millones de pesos?

¿Por qué se ha protegido al senador Adán Augusto López, a pesar de sus evidentes relaciones con bandas delincuenciales, empezando por el detenido Hernán Bermúdez, quien fuera secretario de seguridad durante el gobierno de Adán en Tabasco?

¿Por qué la extraordinaria protección al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a pesar de las evidencias conocidas por todos de sus ligas con el crimen organizado en su entidad?

¿Por qué la presidenta ha exonerado a la gobernadora de Baja California, a pesar de que Marina del Pilar ha protagonizado un inocultable escándalo al contactarse con funcionarios de oficinas de seguridad de los Estados Unidos, ofreciendo información que le permita recuperar su “visa”?

Desde luego hay múltiples “botones” más de muestra, pero con los expuestos aquí podemos concluir que aquella frase de “todos los caminos conducen a Roma”, podría aplicarse aquí al señalar que “todos los caminos conducen a Palenque” y que la presidenta Sheinbaum ha tomado la decisión de proteger a su antecesor.

¿Hay más enemigos de la “cuarta transformación” perseguidos por el régimen? Claro.

Está el caso de Rosario Robles Berlanga, encarcelada dos años por López Obrador para saciar una venganza que tenía guardada desde que se filtraron los videos de su secretario René Bejarano recibiendo fajos de dinero de un empresario argentino.

Tenemos ahora el acoso político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Si tuviera mayores elementos para actuar contra ella, le habrían dado luz verde a la iniciativa de iniciarse un juicio de procedencia y quitarle el fuero para meterla a la cárcel.

Finalmente, no está de más señalar que son decenas de periodistas que al ejercer su crítica al gobierno, les ha sido colocada la cachucha de enemigos.

¿Recuerdan las dos principales banderas de AMLO en su campaña para llegar a la Presidencia: “Contra la corrupción y la impunidad”?

Ahora el régimen es el más corrupto de la historia y la impunidad cabalga por todo lo largo y ancho del país.

 

Los avisos y advertencias de Estados Unidos, continúan

 

HA SIDO ahora Terry Cole, director de la DEA (agencia antidrogas de los Estados Unidos) quien se ha encargado de reiterar los mensajes dirigidos al gobierno de México acerca de la posibilidad de actuar contra los políticos coludidos con el narcotráfico… Sus declaraciones se agregan a las múltiples expresiones del presidente Donald Trump, de Marco Rubio, secretario de Estado y del secretario de seguridad, Markwayne Mullin, responsabilizando a la presidenta Claudia Sheinbaum porque —dicen— está dominada por los cárteles de la droga, “que son los que mandan en México”… La mandataria de nuestro país niega esa aseveración desde luego y asegura que la relación con el presidente Trump es muy buena, tanto así que la invitó a estar presente en el juego de fútbol en el que España se convirtió en campeón mundial al vencer a Argentina… La verdad es que nada es previsible con el presidente de los Estados Unidos… A ese juego estelar también fue invitado el primer ministro de Canadá, Mark Carney y horas después recibió la noticia de la imposición del 50 por ciento de aranceles en las importaciones canadienses a suelo norteamericano… A lo anterior deberá agregarse la enérgica reacción estadounidense al anuncio del dictador comunista de Nicaragua, Daniel Ortega, quien se atrevió a anunciar una reforma legislativa para eliminar las elecciones en su país de manera permanente… A través de Marco Rubio, la administración Trump advirtió a Ortega que ante los hechos no se quedarán con los brazos cruzados… Esta respuesta significa que no solo mueve a Trump el propósito económico en América Latina, sino también se preocupa por la forma de gobierno de sus vecinos… Pero de regreso a México, quien apueste a la continuación de estos escándalos en los que están envueltos políticos de la “cuarta transformación” en relación con Estados Unidos, tiene altas probabilidades de ganar, sobre todo porque el próximo mes de noviembre habrá elecciones para renovar el Congreso en Washington y urge al jefe de la Casa Blanca y al Partido Republicano, conservar sus controles en las cámaras… Eso quiere decir que no extrañará a nadie algún anuncio del Departamento de Justicia dando a conocer nombres de políticos mexicanos ligados con el crimen o bien, atreverse a detener a alguna figura dentro de nuestro país… ¿Cuándo? ¿En septiembre? ¿En octubre?

 

¿Hospital en Ures?, a casi 12 años de la contaminación del Río Sonora

 

COMENZARÍAMOS por lanzar un reproche porque la licitación para construir el hospital prometido por el gobierno federal en Ures como parte del proyecto de remediación de la contaminación del Río Sonora en 2014, no fue otorgada a una empresa sonorense, a pesar de que la capacidad de los contratistas locales estuvo plasmada en la presentación de la oferta… Finalmente, la obra de 452 millones de pesos fue otorgada a una empresa con socios ligados a España, en coordinación con una compañía de Monterrey… “ASCH” S.A de C.V., es la nueva razón social de “Hispánica”, la misma empresa que logró en el sexenio de López Obrador jugosos contratos de obra pública y quizá cambió de nombre al recibir varios señalamientos de irregularidades por parte de auditorías del gobierno federal… En participación conjunta con “Regiomontana de Construcción y Servicios”, será la encargadas de edificar este hospital que en abril del 2027 espera ser inaugurado bajo el dominio del programa “IMSS-Bienestar”… Por cierto, esas mismas firmas fueron beneficiadas en la designación directa para la construcción del acueducto yaqui, dentro del plan de justicia de esa etnia implementado por AMLO… Así que saque sus propias conclusiones… Es reveladora por los datos que ofrece la investigación periodística del director editorial de nuestro Semanario “Primera Plana”, Rigo Gutiérrez Escalante, tanto por las precisiones del monto de la licitación, como por sus antecedentes de abandono en obra negra de un primer proyecto iniciado y jamás terminado… Es lógico pensar que los pobladores del Río Sonora mantienen su desconfianza en el gobierno federal, luego de las desesperanzadoras mentiras que a través de los años han dejado los presidentes Peña Nieto, López Obrador y sus funcionarios… Ahora se espera que con Claudia Sheinbaum se aterricen dichas promesas, las que contemplan no solo un nuevo hospital, sino también la construcción de potabilizadoras y el uso de un fondo especial para aplicarlo en la remediación de la zona, incluida una clínica de desintoxicación y la conservación de la flora y la fauna… Ya veremos… Por lo pronto no hay fecha para la ceremonia en la que se colocará la primera piedra del hospital, aunque el contrato entre los representantes legales de las empresas y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, fue firmado el pasado 14 de julio.

 

La danza de las “corcholatas sonorenses”

 

EL GOBERNADOR Alfonso Durazo está alcanzando su propósito de posicionar a sus proyectos políticos rumbo al 2027… Sus seis propuestas trabajando formalmente para buscar la candidatura de MORENA al Gobierno del Estado y este proceso que no tiene nada de interno del partido oficial, le está brindando muy buenos resultados… Sobre el escritorio tendrá los nombres de las y los aspirantes y la relevancia en la elección de la candidata o candidato a presidente municipal de Hermosillo… Será como un tablero de ajedrez… Para el movimiento en el “sixpack morenista” esperaría la decisión final de la presidenta Claudia Sheinbaum: Insistir en Javier Lamarque o cambiar de opinión… A partir de ahí tendrá a su disposición figuras para la postulación de diputaciones federales, diputados locales y más allá de todo eso, la alcaldía “naranjera”, la que no pudo tener en sus manos en todo el sexenio… La trascendencia de dominar el palacio municipal de la capital de 2027 al 2030, es que tendría a la mano a la o el futuro aspirante a llegar a palacio de gobierno… También deberá esperar a que la oposición designe a su candidata o candidato… Célida López Cárdenas y su arrastre podría ser contemplada en caso de que Alejandro López Caballero sea el elegido por el PAN y aliados… También contará con Lorenia Valles en caso de que no sea candidata a la gubernatura, aunque ella insista en rechazar esa posibilidad y aún tiene varias cartas para elegir, entre Paulina Ocaña, Fernando Rojo de la Vega, Froylán Gámez y Omar de Valle, porque difícilmente repetiría en la candidatura María Dolores del Río… Por lo pronto, será la última semana de agosto cuando se decida a la coordinadora o coordinador “para la defensa de la cuarta transformación y la soberanía nacional” en Sonora… La elegida o elegido, tendrá un pie en la candidatura al Gobierno del Estado.