Por Mónica Calles Miramontes

¡¡¡Escándalo!!! Fuentes fidedignas afirman que el árbitro de la final de futbol mexicano se reunió con el equipo ganador para festejar el penal que marcó y llevó a la victoria al equipo. Según los informes, el árbitro —ese personaje que debía cuidar la correcta aplicación de las reglas del juego—, acudió a las instalaciones del ahora campeón para celebrar el “buen arbitraje que hizo en el partido”.

Lo anterior debe ser causa de indignación del equipo perdedor. Seguramente exigirá llevar a ese árbitro a la Comisión de Arbitraje, buscará que lo sancionen y, sobre todo, evitará que vuelva a pitar un solo partido en la liga. ¡Ese árbitro ha perdido toda imparcialidad, respeto y dignidad para aplicar las reglas!

Lamentablemente, lo anterior en realidad no se trata de futbol, sino de las elecciones en México; este símil sirve para ilustrar lo que pasa con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tribunal Electoral). Un paralelismo que refleja la realidad de quien hoy tiene la última palabra en los comicios en nombre de la Constitución y la ley.

En 2024, el Tribunal Electoral avaló la sobrerrepresentación indebida de Morena y aliados en la Cámara de Diputados. Gracias a esa súper mayoría, el oficialismo ha podido demoler uno a uno los pilares de la democracia mexicana: destruyó al Poder Judicial de la Federación, eliminó a los órganos constitucionales autónomos y ahora quiere cambiar las reglas electorales para perpetuarse en el poder a como dé lugar.

La subordinación de los magistrados electorales Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto no es oculta ni un secreto a voces, es abierta y descarada. Lo evidencian en cada resolución parcial que toman. Han sido “juez y parte”, pero como si no fuera esto suficiente, los magistrados también editan libros para justificar la sobrerrepresentación que le entregaron a Morena y luego acuden a San Lázaro o a la Cámara Alta a presentarlos entre aplausos de los beneficiarios de sus propias sentencias. ¡Así de destruida está la justicia electoral en México!

Regresando al futbol, sería inconcebible e indignante que el árbitro fuera a festejar con el campeón a quien benefició en el último momento, ¿no? La indignación surgiría de saber que el árbitro se vendió y arrebató —por la mala— lo que debió ganarse de forma limpia; no sólo daña a un equipo, traiciona a una afición y desmorona un sistema.

Asimismo, cuando un árbitro electoral sirve al poder político no solo condena a un sector político, traiciona a una nación, destruye la confiabilidad de un sistema y roba a los millones de mexicanos que confiaban en que su voto tendría el poder de definir el rumbo del país.

A pesar de ello, en México indigna más una final del futbol robada, que un árbitro electoral coludido con un régimen que día a día nos arrebata más derechos y libertades. ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué los partidos políticos opositores, sus dirigentes, senadores, diputados de oposición, academia y la ciudadanía no están unidos protestando en una sola voz para que ese árbitro (el Tribunal Electoral) no vuelva a decidir sobre la constitucionalidad y legalidad de las elecciones?

Ahora mismo, porque así lo dispuso el oficialismo, en periodo extraordinario se discuten varias iniciativas de reforma electoral y judicial que entregarán un poder inmenso a esos magistrados para que decidan sobre las siguientes elecciones, y, al mismo tiempo, a esos mismos magistrados les prorrogan por tercera vez el cargo que por mandato constitucional no debe ser extendido.

 

 

¿Por qué eso no causa indignación? ¿Por qué, tal como ocurre en el futbol, no indigna de la misma manera que los conflictos en los próximos comicios serán resueltos por seis magistrados electorales que sirven a un partido político? Cuatro magistrados cuyo silencio y sumisión nuevamente se está comprando con el premio de otra prórroga y dos más que hoy tienen una toga gracias a las trampas de acordeones y los pactos con Morena.

Es verdad que la oposición debe rechazar esas nuevas reformas electorales oficialistas donde se pretende instaurar una absurda “Comisión de Integridad de Candidaturas”, así como los desastrosos intentos de enmienda de la reforma judicial y las peligrosas causales de nulidad de elección por “intervención extranjera”.

Sin embargo, la oposición no debe pasar por alto que el riesgo más grave está en que todo eso será operado y definido por los mismos magistrados a los que, en la misma reforma, se les está sobornando con una prórroga de mandato.

Todas las fuerzas políticas de oposición deben alzar la voz, evidenciar esta embestida y exigir, sin titubeos, que no se entregue esta prórroga. Los magistrados de la Sala Superior no deben ser recompensados, una vez más, por haber vendido la alta dignidad de su cargo y su imparcialidad, a cambio de poder, la impunidad y los privilegios que obtienen con la toga.

De no hacerlo, de permitir que se mantenga el mismo árbitro y que esos magistrados cooptados continúen en el cargo, poco importará que las reglas del juego (las leyes electorales) pretendan garantizar elecciones auténticas, porque será el árbitro el que se haga de la vista gorda, el que no vea los penales, el que no marque el fuera de lugar y, lo peor de todo, quien valide goles indebidos o triunfos electorales que no se ganen en las urnas.

Así, tal como pasó en 2016 y en 2024, está pasando en 2026. Nuevamente están comprando al árbitro y nadie dice nada…

Al final, la historia recordará a aquellos que llegaron al poder y engañaron por ambición, recordará también a aquellos tribunales que, debiendo cuidar de la Constitución, la pisotearon buscando su salvación; pero habrá de ser igual de implacable para aquellos que guardaron silencio.

*Abogada electoral y constitucional; Columnista; Análisis político

Directora del observatorio LupaReforma2026.mx

Web: defensaelectoral.com.mx

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Con Maru, la causa fracasa en convertirla en distractor y chivo expiatorio para bajar la atención del asunto de Sinaloa

 

Por Manuel Gutiérrez

Chihuahua es otro México, y hoy en “Picadillo Circus” tendremos como invitada a la gobernadora panista María Eugenia Campos, quien ha logrado que la vida de la Presidenta sea de agobio y frustración.

El titubeo que tuvieron para armarle un gran teatro por la “soberanía vulnerada”, según el Gobierno de México, se dejó pasar, para luego emprender una reacción tardía y bastante mal hecha, cuya factura se le añade a Andrea Chávez, la protegida de Adán Augusto López. Al parecer, ella montó la iniciativa de una marcha en Chihuahua para defenestrar a Maru Campos, pero resultó un desastre total que implicó otro fracaso para Andy López Beltrán, así como para Ariadna Montiel, quienes como cabezas de partido esperaban jaquear a Maru en su territorio.

Para tal fin, acarrearon gente de Oaxaca y Chiapas con la cruel duración de un viaje de más de 24 horas; una vida a bordo para llegar a la capital del estado grande. Pero los reveses empezaron al entrar al territorio de Maru. Espectaculares contra Morena —acusando de narcoestado y de proteger a Rocha Moya— se pusieron a la orden de los visitantes que, fieles al pago, viajaban desde tan distantes puntos. Sin embargo, los aportes principales salieron a cuenta de Delfina en el Estado de México, en tanto que Clara Brugada aportaba las huestes de siempre para llenar el Zócalo.

La estrategia usada por Maru fue la misma de Morena: desvíos de los convoyes de acarreados por bloqueos de carreteras. Esto es, se usó la misma táctica que se aplicó contra la “marcha rosa” o en defensa del INE, en las que se impidió llegar al Zócalo a los manifestantes. Adicionalmente, fueron intensamente bombardeados por la radiodifusión oficial del estado, por críticos de Chihuahua y por gente que rechazaba esta marcha imperialista del centro.

Así, la concentración sin ciudadanos de origen norteño resultó un fracaso absoluto. El criterio independiente del norteño es contrario al estilo de las tribus urbanas fieles al refresco, la torta y la dádiva por agitar banderas en la capital. Chihuahua se sintió agredida.

Pero el colmo: no satisfecha con este logro, Maru continuó la campaña, esta vez visitando medios de la capital, en una narrativa contraria a lo que oficialmente se dijo en su contra. Hizo carrusel de medios, dio entrevistas en todas partes; Maru se multiplicó y le rompió la narrativa a la señora de la mañanera, quien encuentra en ella a otra rival terrible. Todavía no se recupera del trauma de Isabel Díaz Ayuso, y la desalmada norteña llega a arrinconarla.

La defensa es obvia: la crítica es directa por la inseguridad y el narcoestado que se pretende defender para evitar que Rubén Rocha abra la caja de Pandora, en la que está encerrado el caudillo y muchos de sus principales. En tanto, Omar García “El Batman” asolaba Morelos en una “campaña de enjambre”, como él le llama, encontrando sociedad para el crimen en las autoridades municipales y acercándose dangerously al protegido por López Obrador y por el fuero, Cuauhtémoc Blanco, quien vio a Morelos convertirse en un estado peligroso, fallido, incontrolable y corrupto. Extraña manera de comportarse de la Subtlatoani, porque el emperador está en el sur, en Chiapas.

Con Maru, la causa fracasa en convertirla en distractor y chivo expiatorio para bajar la atención del asunto de Sinaloa.

 

Roban dron que vigilaba mansión de senadora morenista

Pero hay tanto entusiasmo por lograr los reflectores de Picadillo Circus, que la senadora morenista que oculta una propiedad de 36 millones de pesos, de 4,400 metros cuadrados —la humilde senadora servidora del pueblo—, expropió sin decreto un dron que utilizaba Mexicanos contra la Corrupción, el cual pretendía documentar la opulencia y el poder financiero de la dama. Mariela Gutiérrez, exalcaldesa de Tecámac, Estado de México, es la que hizo esa operación en la que guaruras en camionetas recientes BMW —un grupo violento enviado por la intolerante Mariela Gutiérrez (no es mi pariente, aclaro; hay tantos que no faltan ramas podridas en la viña del Señor)— reaccionaron ante el enojo de ver expuesta la mansión, casi de una manzana, de la dedicada y amorosa alcaldesa por el pueblo, mandando por el dron.

Y, adicionalmente, mandaron detener a los investigadores de Mexicanos contra la Corrupción, intentando fincarles responsabilidades delictivas, aunque el cuerpo de leyes no contempla todavía el asunto de los drones. Sin embargo, los policías fueron prudentes y evitaron agresiones, las cuales no fueron contestadas por los reporteros de Mexicanos contra la Corrupción.

Finalmente, el dron fue robado por el personal al servicio de Mariela, aunque su mansión no aparece en sus declaraciones patrimoniales. Los tres periodistas denunciaron que los ladrones del dron y del equipo eran parientes de la propia senadora, y estos presentaron una denuncia por el robo de los equipos. Uno de ellos es Eduardo Buendía. Esto sucedió en Tecámac, pero el resultado fue contraproducente: el asunto escaló a nivel internacional y, pese a la pérdida del equipo, sucedió como el robo de las mantas de “narcoestado” en el Zócalo.

Mariela es célebre por haber exterminado más de 10 mil perros en su municipio, una Herodes canina. Los ladrones salieron del interior de la mansión, por lo que no hubo dudas de su procedencia. Finalmente, los reporteros denunciaron por robo, en tanto que la gente de Mariela denunciaba por “acecho”, sumamente celosa de sus garantías individuales, lo que no hacen con los ciudadanos a los que persiguen.

Increíble cómo una “mataperros” pasó a ser millonaria por algún milagro de la Rosa Morada de la Transformación. Qué bien paga la transformación a sus servidores; la senadora se distingue, sin lugar a dudas, por su refinado buen gusto. La mansión parece manufacturada por selectos arquitectos y es símbolo del estatus que tienen los morenistas millonarios en el poder. En el interior, el dron alcanzó a observar lujosos vehículos.

Sus declaraciones patrimoniales tienen omisiones y sus familiares resultaron ser los agresores. ¿Qué tal? Merecen la pista dos por tantos esfuerzos para hacer notar la corrupción —perdón, la bonanza— que distingue a los siervos de la nación de alto nivel.

Los grupos defensores de animales desprotegidos la consideran un Atila, un azote total por la crueldad con que sacrificaron los empleados municipales y policías a los perros callejeros, en un espectáculo de inusitada crueldad. Es más por ese hecho que alcanzó notoriedad nacional, pero ahora resalta su riqueza inexplicable, no declarada y omitida en su trámite Pero claro, con los de casa, la Contraloría no procede… lo dudamos. Seguramente no cenó ni desayunó durante años para juntar los centavitos como alcaldesa y senadora para comprar su supermansión, que ahora es conocida como la “Casa de la mataperros”.

Estado de México, en el que la corrupción solamente cambió de color y se hizo extrema en sus cínicas actuaciones de enriquecimiento. Delfina Gómez sin duda lo sabe, pero es del mismo partido. Mientras tanto, la gobernadora repetía el mantra: “No mentir, no robar… amar al pueblo”, pero separada por altas murallas, porque ella vive como privilegiada al este del edén.

Al menos eso no lo hace Maru Campos, a la que linchan por los agentes estadounidenses que destruyeron un colosal laboratorio de fentanilo, el que “no se producía en México”, según dijo López Obrador. “¡Que viva la soberanía con fentanilo!”, decía una pancarta de un manifestante acarreado de todo Ecatepec, que fue llevado a visitar Chihuahua en “turismo del bienestar” con acto político por Morena.

A este paso será difícil diferenciar entre aquella oficina de gobierno que organizaba las elecciones en 1988, de un órgano electoral robusto operando bajo el control del gobierno

 

Por Mónica Calles Miramontes

Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. El oficialismo sabe de esa historia, fue parte de ella y, a pesar de todo, su ambición nos está condenando a repetirla.

La primera semana de mayo la presidenta del INE, Guadalupe Taddei nombró a las personas titulares de las direcciones ejecutivas de la institución. Esto causó controversias, reclamos y confusión. Sin embargo, no es más que la materialización de una instrucción que el oficialismo acomodó desde finales de 2024.

En la vorágine de la reforma judicial de 2024, sin necesidad, sin justificación y sin diálogo, Morena y aliados realizaron una modificación en la legislación electoral para que la presidencia del INE pudiera nombrar unilateralmente a los titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.

No fue un asunto menor, con ello se le entregó a Guadalupe Taddei el control absoluto para designar a quienes dirigen la estructura técnica y operativa de la institución, personas que además conforman la Junta General Ejecutiva, un órgano clave de dirección del INE.

Después de muchos años, probablemente se olviden los orígenes de nuestra democracia, aunque ese error nos está haciendo revivirla. En 1993, la oposición exigió al partido hegemónico que los titulares de estas áreas fueran designados de manera colegiada (por el Consejo General) y no por la presidencia del entonces IFE; lo que buscaba limitar era la injerencia del Poder Ejecutivo en la vida interna del órgano electoral y en su operación.

Sin embargo, 30 años después, quienes impulsaron un órgano electoral autónomo, con una estructura técnica independiente y desvinculada del poder político, son justamente los que decidieron volver al oscuro pasado antidemocrático: con la reforma aprobada en 2024 —por el oficialismo— se rompió la colegialidad para dar paso a las facultades unipersonales de la presidenta del INE.

El regalo fue bien recibido por Guadalupe Taddei, quien desde que asumió la presidencia (2023) mostró una total incapacidad de negociar al interior del órgano colegiado; ya que más de una vez le fueron rechazadas sus propuestas porque pretendía imponer la lealtad política sobre la especialización.

Por eso, Morena decidió tomar cartas en el asunto y blindar a la presidenta del INE para que pudiera operar sin obstáculos; reformó la ley para eliminar el voto de las consejerías del INE y entregarle el poder total.

A pesar de ello, seis de las consejerías acudieron a la SCJN, que ya se encontraba incompleta y agonizante; por lo que fue suficiente que las tres ministras “del pueblo” (Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel) pugnaron por la defensa de los intereses oficialistas para desestimar el intento de defensa del INE. Así condenaron a México a repetir su historia antidemocrática. 

El ciclo se cerró y la omnipotencia de Taddei quedó blindada, y esa fue la antesala de lo que vimos hace unos días, cuando a puerta cerrada y a oscuras, Guadalupe Taddei nombró unilateralmente a 16 titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE. 

A nadie sorprendió que estos lugares resultaran un reparto de cuotas donde el control de áreas importantes como la fiscalización de partidos políticos fue cedida al consejero Jorge Montaño, integrante del “grupo Tabasco” y ligado a Adán Augusto; pues dicho consejero ya ha dado sobradas muestras de lealtad al régimen.

Fue un asalto institucional. Esas direcciones ejecutivas son los órganos vitales en la organización de las elecciones: la fiscalización de los recursos, la administración sobre prerrogativas a partidos políticos, el padrón electoral, la papelería electoral, la capacitación de funcionarios electorales, entre otras.

Entregar el control de estas áreas a perfiles que aseguran lealtad política, vulnera la certeza y confianza electoral. El árbitro ahora está capturado desde su interior, se desmantela la profesionalización para imponer la sumisión política desde su estructura.  

Así pasamos de la democracia, colegialidad y excelencia técnica a la imposición de la lealtad política en la estructura del INE.

El árbitro electoral hoy no solo se capturó desde sus cúpulas, la cooptación llegó al corazón. 

Hoy el partido en el poder tiene un control total. A este paso será difícil diferenciar entre aquella oficina de gobierno que organizaba las elecciones en 1988 de un órgano electoral robusto operando bajo el control del gobierno.  

A eso nos condenaron, a repetir la historia, a olvidar treinta años de lucha democrática. 

Pero la buena noticia es que este daño se logró por la imposición de personas y podrá terminar cuando la ciudadanía se una para exigir su recuperación, cuando nos sepamos tomar en serio aquella consigna que un día gritamos de “el INE no se toca”.

Abogada electoral y constitucional | Columnista | Análisis político

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Ya llevan casi ocho años en el poder, tiempo suficiente para haber sentado bases firmes para el manejo de la problemática nacional y mostrar avances concretos en los problemas que, por ahora, asfixian a la mayoría de los mexicanos

 

Por Bulmaro Pacheco

Nunca han tenido una definición ideológica clara. Su integración variopinta, con gente que ha pasado por la mayoría de los partidos políticos nacionales, les ha dificultado la integración y la unidad. No han construido ideas ni programas acordes con una nueva corriente política de la historia reciente de México.

Cuando mucho, el tiempo se les ha ido en tratar de defender su propia situación y sus propias crisis. Han dejado mucho que desear entre las corrientes de izquierda que esperaban algo diferente.

Ya se les agotó aquella famosa conseja que indicaba que “era un honor estar con Obrador”. Son tantos los problemas y tantas las crisis que se han vivido en México, herencia del personaje al que sin pudor le destinaban tantas alabanzas, que acabaron por agotarlo.

Las costosas y subsidiadas obras emblemáticas, la herencia de violencia por el mal enfoque para atacar el problema de la inseguridad, el aislamiento internacional de México por una política exterior cerrada y errática, y los rezagos en materias sensibles como la salud y la educación son apenas una síntesis de los señalamientos que se les han hecho y que han deteriorado la venta de la ideología de la autollamada 4T, que —según ellos— suponían iba a sacar a México del atraso y nos llevaría a otra etapa de progreso y avances.

No ha sido así. Se les nota irritados por las crisis que enfrentan, por la falta de soluciones efectivas, la carencia de consensos y porque no ven salidas fáciles a los problemas. Ya se les cayó aquella mascarada de que, solo porque llegaron ellos, ya estaba todo resuelto. Se les agotó poco a poco, y de tanto utilizarlo, el pretexto de echarle la culpa al pasado de cuanto problema enfrentaban y, en ocasiones, la gente les creía que ellos no eran responsables porque los problemas eran parte de la herencia oficial.

Ya llevan casi ocho años en el poder, tiempo suficiente para haber sentado bases firmes para el manejo de la problemática nacional y mostrar avances concretos en los problemas que, por ahora, asfixian a la mayoría de los mexicanos.

Lo que más se presume son los avances en materia de seguridad, aunque han sido muy discutibles por el manejo de los otros datos, la sensación de inseguridad que todavía domina a los mexicanos y por el avance notable de la delincuencia organizada en regiones donde se hace lo que ellos dicen y tanto la economía como la política regional viven supeditadas al “orden” que imponen los delincuentes.

A cada rato observamos quejas y protestas de organizaciones de productores que sufren el acoso de la delincuencia, la cual ha avanzado en el territorio, desmintiendo el triunfalismo oficial.

No se discute sobre el aplazado crecimiento económico de México porque las cifras no son buenas, y las expectativas menos.

El sector privado, a cada rato y por diferentes medios, expresa que falta mucho para que estén dadas las condiciones para una mayor inversión, debido a la inseguridad y la falta de confianza que se respira en los nuevos ambientes de México. La integración de los poderes, la ausencia de mejora regulatoria y la inseguridad han frenado el crecimiento económico y la creación de nuevos empleos.

La economía informal ha avanzado notablemente hasta alcanzar ya el 54% del total, con el respectivo impacto en las políticas fiscales y económicas necesarias para fomentar el crecimiento.

Se les ha agotado también la recurrente crítica al neoliberalismo. Ya no lo mencionan tanto porque siguen utilizando los instrumentos y los programas que esa corriente ideológica de la economía mexicana les dejó como herencia: los tratados comerciales y una nueva relación con el mundo ante la globalización, lo que disparó las exportaciones de México y creó nuevas condiciones en la relación comercial con nuestros principales socios.

En la política interna sigue el estancamiento por la falta de diálogo con las oposiciones. En casi ocho años en el gobierno, la 4T no se ha reunido con las oposiciones para discutir la agenda nacional como lo hicieron los gobiernos de 1934 al 2018 al buscar un México para todos y no para una sola corriente política.

Las oposiciones solo han recibido ataques, descalificaciones y culpas que han ido desde las consabidas copias de que “están moralmente derrotadas” hasta acusarlas de ser “traidores a la patria” por no apoyar sus proyectos y por hacer, a cada rato, señalamientos sobre la ineptitud oficial para enfrentar las crisis.

Ante la crisis en la relación con los Estados Unidos, no existen condiciones para que desde la 4T se llame a la unidad nacional o a cerrar filas para despertar un sentimiento nacionalista de la diversidad como apoyo al gobierno.

Los apoyos realmente solo han salido de sus filas, con pocas declaraciones y muchos desplegados, y estos han rayado en la tibieza y en la confusión, sin claridad alguna.

Pocas han sido las ocasiones en que los gobiernos mexicanos se han visto en la necesidad de convocar a la unidad nacional ante una crisis determinada, casi siempre externa. La expropiación petrolera del presidente Lázaro Cárdenas, el llamado de unidad del presidente Manuel Ávila Camacho ante la participación de México en la Segunda Guerra Mundial y la solidaridad de México con la revolución cubana del presidente Adolfo López Mateos han sido las últimas.

Aquellos presidentes extendieron el diálogo y sumaron a la diversidad política a las causas convocadas; dialogaban con las oposiciones y convencían a los principales actores del poder para legitimar sus decisiones y propuestas. Ahora eso no se hace.

Estamos ante una tensa relación con la primera potencia mundial y su presidente. Tenemos una agenda complicada de problemas comunes y muchos pendientes. Se requiere una verdadera visión de estadista —y no de partido— para manejar esta crisis.

Se les agotó también la afirmación de “no robar, no traicionar y no mentir” (Segalmex, “La Barredora”, alcaldes detenidos por asociación delictuosa, etcétera). Se les esfumó la llevada y traída “revolución de las conciencias” por falta de ideas específicas y ya casi nadie se acuerda del “nuevo humanismo mexicano”.

Todo eso no pasó de ser meros recursos retóricos para aparentar un cambio en las concepciones ideológicas, mientras en la realidad se desarrollaban conflictos por el poder, altos niveles de corrupción y oportunismo de cuadros aliados que, por un tiempo, les dieron sensación de unidad.

¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. De la falsa tesis de “estar en el lado correcto de la historia”, como presumen, a enfrentar nuevas realidades con otros instrumentos y mecanismos de poder, quizá haya iniciado ya el proceso de decadencia de un movimiento-partido que presumió mucho de lo que no era, se burló y marginó a muchos y ha polarizado políticamente al país, lo que ahora, ante las nuevas realidades, le dificulta convocar a la unidad nacional y sólo le quedan —ya disminuidos políticamente— los suyos.

Qué dilema.

bulmarop@gmail.com

 

Nada que se haya logrado con la intervención del crimen organizado debería considerarse válido; porque lo verdaderamente aplastante no es el triunfo, sino la consecuencia de tener gobiernos que negociaron nuestra paz y seguridad

 

Por Mónica Calles Miramontes

La reciente acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, junto a otros ocho funcionarios públicos, no hace más que evidenciar lo que ya era un secreto a voces: la profunda injerencia del crimen organizado en las elecciones.

En el proceso electoral de 2021, donde Rocha Moya obtuvo la gubernatura, estas organizaciones criminales fueron los actores políticos. Eligieron a los candidatos: aportaron el financiamiento, influyeron en los participantes y decidieron quién sería el ganador.

Siempre se nos dijo que fue una victoria aplastante. Rocha Moya obtuvo el 56.6% de los votos, mientras su más cercano contrincante postulado por el PAN-PRI-PRD obtuvo el 32.49%.

Sin embargo, a cinco años de ese “triunfo democrático” y frente a las graves acusaciones del gobierno de EE.UU. contra Rocha Moya, regresa la inevitable pregunta: ¿a qué costo y con qué métodos se ganaron esas elecciones?

En el 2021 el PRI impugnó los resultados ante el Tribunal Electoral de Sinaloa, denunciando una jornada marcada por la violencia generalizada, comandos armados robando material electoral, intimidación de la población y privación de la libertad de opositores, empresarios y funcionarios.

Asimismo, hombres armados secuestraron al hermano de la candidata a la alcaldía de Badiraguato, quien se postulaba por la coalición PRI-PAN-PRD, lo que ocasionó que ella abandonara la contienda para pedir que lo devolvieran con vida.

El terror se extendió por todo el estado y se documentó en más de notas periodísticas, así como en actas de funcionarios electorales. La crisis fue innegable, el propio el INE y el Instituto Electoral de Sinaloa reconocieron los actos de violencia y solicitaron la intervención de la Guardia Nacional para el día de la jornada electoral y días posteriores.

Pese a todo, el Tribunal Electoral de Sinaloa desestimó la solicitud de nulidad de la elección que realizó el PRI.

El Tribunal de Sinaloa minimizó la crisis, concluyendo que solo se habían acreditado actos de violencia aislados en el 0.46% de las 4,986 casillas instaladas, y bajo este argumento decidieron que la “voluntad del pueblo” no se alteraba ante esas “minucias”.

Habría que preguntar: ¿Cuál voluntad? ¿La voluntad obtenida con balas, secuestros, campañas financiadas por el narcotráfico e intimidando a los sinaloenses?

La opacidad del proceso judicial genera aún más dudas. La impugnación sobre la elección fue turnada a la magistrada Aida Inzunza Cazarez, hermana del senador Enrique Inzunza, quien en ese entonces fungía como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa. Tras consolidarse la “victoria”, Enrique Inzunza pasó a ser el secretario general de gobierno en el gabinete del Rocha Moya.

Hoy ambos, Rocha e Inzunza, son prófugos de la justicia estadounidense y la punta del iceberg que empieza a desmoronar la llamada “cuarta transformación” del partido Morena.

Lamentablemente, el caso de Sinaloa no es algo aislado, es la radiografía de un sistema que no protege a la ciudadanía. Los tribunales electorales fallan a favor de elecciones controladas por el crimen organizados, bajo el pretexto de que los ciudadanos no recabaron pruebas “contundentes” contra los sicarios que los amenazaron.

Una sentencia que valida una “narco elección” condena a la población a vivir sometida al crimen organizado en los siguientes años.

No importa lo “aplastante” del triunfo electoral; nada que se haya logrado con la intervención del crimen organizado debería considerarse válido; porque lo verdaderamente aplastante no es el triunfo, sino la consecuencia de tener gobiernos que negociaron con el crimen organizado nuestra paz y seguridad.

Sinaloa cierra el ciclo de Rocha Moya con más de 4 mil homicidios y con un aumento descomunal de violencia traducido en tortura, desaparición de personas, extorsión y secuestros.

Una elección ganada por la intervención del crimen organizado jamás debería considerarse válida, porque deja de ser un asunto de pruebas y se vuelve complicidad. La complicidad de condenar a un pueblo a vivir entre balas.

Abogada electoral y constitucional | Columnista | Análisis político

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Cuando una sociedad normaliza los feminicidios, las riñas violentas y el deterioro de la convivencia pública, comienza también a normalizar su propio atraso

 

Por Rodolfo Montes de Oca Mena

Durante los últimos años, Hermosillo ha comenzado a transitar por un camino profundamente preocupante: la normalización de la violencia. Y no me refiero solamente a la delincuencia organizada o a hechos aislados de inseguridad, sino a algo todavía más grave: a la pérdida progresiva de sensibilidad social frente a los feminicidios y las riñas violentas derivadas del consumo excesivo de alcohol.

Tan sólo entre 2024 y lo que va de 2026, los medios de comunicación han documentado múltiples feminicidios ocurridos en nuestra ciudad. Casos como los de Dulce María, víctima de agresión armada; Michel Kimberly, asesinada brutalmente; Nayeli, privada de la vida con arma blanca; Adriana Magdalena, víctima de un ataque violento que conmocionó a diversos sectores de Hermosillo; también la mujer empleada de la federación asesinada en el Centro de Gobierno, ejecutada en un hecho sin precedentes por haberse cometido en una zona oficial altamente transitada; así como el reciente feminicidio en la colonia Palo Verde, donde una mujer fue atacada a balazos en su propio domicilio, forman ya parte de una larga y dolorosa lista. Lo más preocupante es que, en la gran mayoría de esos casos, públicamente no advertimos sanciones ejemplares contra los responsables.

Pero aún más grave que ello, es advertir cómo la sociedad parece haberse acostumbrado a estas tragedias. Antes, el asesinato de una mujer cimbraba a Hermosillo entero. La ciudadanía elevaba la voz y exigía resultados inmediatos. Durante mi etapa como titular de la Procuración de Justicia del Estado de Sonora, este tipo de hechos no ocurrían con la frecuencia actual y, cuando llegaban a suscitarse, existía una exigencia social auténtica para que fueran resueltos, como efectivamente sucedía.

Hoy, en cambio, pareciera que el feminicidio empieza a convertirse en una nota más. Inclusive, observo que muchos de los movimientos y expresiones agresivas de grupos feministas terminan orientándose hacia reclamos abstractos o genéricos, pero no necesariamente hacia la exigencia puntual y concreta del esclarecimiento individual de cada caso. No percibo una presión focalizada y permanente sobre las autoridades para resolver cada feminicidio ocurrido en Hermosillo.

Mientras tanto, nuestra comunidad parece distraída y entretenida con aquello que los romanos describían como “pan y circo”. El circo moderno en Hermosillo tiene nombre y apellido: ExpoGan y Fiestas del Pitic.

Miles de hermosillenses gastan enormes cantidades de dinero, particularmente en el consumo de alcohol, en eventos donde año con año aumentan las riñas, las agresiones y las conductas violentas. Ahí están las recientes imágenes difundidas durante la ExpoGan Sonora 2026, donde ciudadanos y policías estatales terminaron involucrados en una riña vergonzosa; ahí están también las golpizas, lesiones y enfrentamientos reportados constantemente durante estos eventos masivos.

Y apenas termina la ExpoGan, comienza el siguiente episodio del entretenimiento colectivo: las Fiestas del Pitic, donde nuevamente el alcohol se convierte en protagonista y donde, utilizando recursos públicos, el Ayuntamiento contrata artistas y grupos musicales que seguramente cuestan millones de pesos provenientes de nuestros impuestos. Maná, El Tri y muchos otros espectáculos podrán generar entusiasmo momentáneo, pero difícilmente resolverán el deterioro urbano, económico y social que padece Hermosillo.

Resulta inevitable preguntarse si nuestras autoridades realmente están preocupadas por combatir el consumo excesivo de alcohol y sus consecuencias o si, por el contrario, lo alientan indirectamente porque funciona como distractor social frente a los verdaderos problemas de nuestra comunidad: calles destruidas, infraestructura abandonada, inseguridad, deficiente movilidad y una ciudad cada vez más rezagada frente a otras capitales del país de dimensiones similares.

Cuando una sociedad normaliza los feminicidios, las riñas violentas y el deterioro de la convivencia pública, comienza también a normalizar su propio atraso. Y si nuestro gobierno continúa privilegiando el “pan y circo” por encima de la reconstrucción institucional, urbana y social de Hermosillo, no solamente seguiremos estancados: nuestro deterioro se acelerará todavía más.

Sinceramente, no veo cómo podamos levantarnos mientras continuemos entretenidos observando el espectáculo, al mismo tiempo que la violencia y el abandono avanzan frente a nuestros propios ojos.

 

*Primer Fiscal General de Justicia en la historia de Sonora. Abogado penalista con Maestría en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y doctorando en Ciencias Penales y Política Criminal en la misma institución.