El Índice Global de Impunidad de la UDLAP ubica a México en el lugar 80 de 94 países, dentro de la categoría de «alta impunidad» ¿por qué?

 

Por Dr. José Ricardo Espinoza Castro

Hablar de impunidad en México no es una percepción alimentada por el descontento social. Los datos del INEGI y de centros como México Evalúa muestran un sistema de justicia penal que, en lugar de proteger a las víctimas, funciona como un embudo en el que casi todos los casos se pierden.

Cada año se cometen más de 33 millones de delitos, pero el aparato penal procesa solo una fracción mínima. El primer filtro es la cifra negra: 93.4% de los delitos no se denuncia o no llega a investigación formal. No es apatía. Según el INEGI, más del 60% de quienes no denuncian lo atribuye a causas imputables a la autoridad: trámites largos, pérdida de tiempo y desconfianza en los Ministerios Públicos. Tampoco las llamadas de emergencia llegan lejos: de casi 9 millones, cerca de 2 millones se convierten en denuncia formal.

Quien logra abrir una carpeta de investigación encuentra poco aliento. Según el Índice de Impunidad Penal Institucional, casi 90% de los casos que debieron resolverse no obtuvo respuesta efectiva, ya fuera por sentencia o por acuerdo reparatorio. Las fiscalías acumulan casi 3 millones de expedientes sin concluir.

En el plano internacional, el Índice Global de Impunidad de la UDLAP ubica a México en el lugar 80 de 94 países, dentro de la categoría de «alta impunidad». En los delitos más graves el panorama empeora: hay más de 131,000 personas desaparecidas, con impunidad superior a 98%, y 80% de los homicidios dolosos queda sin castigo. En los países de la OCDE, en cambio, se sanciona cerca de 80% de los homicidios.

Revertirlo exige una reforma profunda del aparato de justicia, más que nuevas leyes o penas más duras. Propongo tres líneas:

1. Descongestionar las fiscalías. Los mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mediación y los acuerdos reparatorios, permitirían resolver con rapidez los delitos menores y destinar recursos a investigar homicidios y desapariciones.

2. Facilitar la denuncia. Hay que digitalizarla, con expedientes electrónicos que eliminen horas de espera, y facultar a las policías locales para recibirla en el lugar de los hechos, de modo que las llamadas de auxilio se conviertan en denuncias.

3. Profesionalizar. Se requiere un servicio profesional de carrera para ministerios públicos, peritos y policías de investigación, protegido de vaivenes políticos y nepotismo. Las fiscalías deben evaluarse por resultados, transparencia y reparación del daño, no por el número de carpetas que acumulan.

Nada de esto será posible sin voluntad política. La ciudadanía lo merece.

CRECES, en la mesa de Libre Expresión

Daniel García Escalante, director de Participación Ciudadana de Hermosillo y colaborador del alcalde Antonio Astiazarán desde hace más de 13 años, dejó claro ante el Grupo Libre Expresión que la gestión comunitaria ya no es solo una tarea administrativa, sino la plataforma de un proyecto político con vista a 2027. Al defender la descentralización presupuestaria y proponer que los comités vecinales definan las obras locales, expuso un modelo de gobernanza y, a la vez, trazó su ruta hacia la alcaldía. ¿Es el principio de un cuarto nivel de gobierno? ¿Una ciudadanía que decide su futuro?

Su argumento es pragmático: recuperar espacios públicos, como convertir focos de delincuencia en unidades deportivas, no es solo infraestructura, sino una estrategia de pacificación y reconstrucción del tejido social. Según él, el contacto directo con las familias da una legitimidad que las encuestas y la planeación centralizada no logran.

El trasfondo, sin embargo, es político y apunta a un relevo generacional. García Escalante criticó a las dirigencias de Morena y Movimiento Ciudadano y el «reciclaje» de perfiles opositores que ya tuvieron su oportunidad y dejaron malas cuentas en el municipio. Se presenta como una alternativa joven e innovadora dentro de su propia coalición, sin los cuestionamientos que arrastran las figuras tradicionales. La prueba será si la estructura vecinal que hoy coordina puede convertirse en el capital electoral que necesita.

jrec56@hotmail.com

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La selva quedó fracturada, las cámaras de Pro Natura captaron atropellamientos de jaguares, tapires, ocelotes y otras especies, por la carretera paralela al tren

 

Por Manuel Gutiérrez

Puedo entender un error económico o político, pero la destrucción interminable de la selva, con su flora y fauna, su exterminio y la contaminación acuífera, ha sido el crimen mayor del Tren Maya Militar, que no considera lo importante de este patrimonio para las generaciones futuras y sus consecuencias en el medio ambiente.

Divisiones forzadas comunitarias. (seleccionamos las más notables) Tramo 5 Sur. Playa del Carmen-Tulum. Ejido Jacinto Pat, 15 comunidades mayas, denunciaron que les expropiaron las tierras y les pagaron entre 20 y 30 pesos por metro cuadrado. (¿En qué lugar del mundo se vende a este precio?). Hubo 32 amparos, la Corte entonces no reformada del Poder Judicial, admitió las causas y les dio fallos favorables en 2023-2024, (Con las nuevas cortes incondicionales del gobierno, no prosperan ya estas causas, aunque las asiste el derecho). Como resultado de los amparos e inconformidades, obligaron al viaducto elevado del tren en la zona.

Tramo 6-7 Felipe Carrillo Puerto-Bacalar-Xpujil.- Cuarenta comunidades mayas protestaron por la división de sus poblaciones y ejidos, el tren las partió en dos, sin paso para la gente, menos para la fauna. Esto causó estragos, el caso más sonado, Comunidad Adolfo de la Huerta, en Calakmul.

Agua, Cenotes. Reservas para el milenio. Cerca de 25 cenotes fueron perforados, rellenados y contaminados con pilotes de acero y concreto en el tramo 5. Las ONG protestaron, como Cenotes Urbanos, y “Sélvame” documentó con documentales submarinos, en 2024 y advirtieron de los daños. Los pilotes perforaron cavernas de importancia como Garra de Jaguar, Dama Blanca y Manitas.

Conagua advirtió el riesgo, en el documento de impacto ambiental MIA, el derrame de diésel o de aguas negras, pueden llegar a los mantos acuíferos, porque el suelo no es filtrante, es frágil capa de suelo kárstico. Como remedio se ofreció hacer un viaducto elevado por 70 kilómetros, pero la realidad sólo lo hicieron en 42 kilómetros. La contaminación no ha terminado.

La gran perdedora, la arqueología.- El INAH (Antropología e Historia) dice que hizo el mayor salvamento de la historia, con 62 mil estructuras rescatadas. Pero el INAH estuvo entre la denuncia y el servilismo al caudillo, la afectación fue inevitable, nadie detuvo la construcción por recomendación del INAH, porque no debió hacerse de esa forma, a esa velocidad.

Tramo 1. Campeche. Vestigios zona El Tigre. Quedaron a 200 metros de distancia de la vía, sometiéndola a vibración. Imaginen cuánto aguantará sin desmoronarse.

Tramo 7.- Becán-Calakmul, se abrió una carretera de brecha, se destruyeron plataformas mayas, dice el INAH que menores. Algunos arqueólogos desataron con su denuncia en 2022, un escándalo mundial en el ramo, por los daños. En México los enjuiciaron o emplazaron para despido.

Esto da para un libro, como lo de los cenotes y las comunidades. Del trazo, el INAH reconoció que el 30% del trazo se hizo con ‘construya primero, rescate después’ (lo que se pueda).

 

 

Azote a la fauna

La selva quedó fracturada, las cámaras de Pro Natura captaron atropellamientos de jaguares, tapires, ocelotes y otras especies, por la carretera paralela al tren. El tren es una barrera para la migración de la fauna silvestre.

Como remedio, se anunciaron 120 pasos de fauna, como promesas mañaneras. Se instalaron sólo 70 y muchos de ellos absurdos, como poner un simple tubo de 1.5 metros de plástico que hace que las especies desconfíen.

De los pasos elevados de 40 metros, solamente se construyeron 3 en Calakmul. La SEDENA y la administración del Tren Maya toleraron la caza de especies. Luego anunciaron brigadas de protección de la fauna contra la caza, pero sin presupuesto. El programa de monitoreo del jaguar, que está en riesgo de extinción, pidió 80 collares con GPS, pero solamente se dotaron 12.

 

Diez millones de árboles menos en el sur

Las cuentas de Fonatur, en 2022, eran de 7 millones de árboles. López Obrador aseguró en La Mañanera que no se talaría ningún árbol, que los reubicaría. Promesa absurda e imposible.

En el sexenio de Claudia Sheinbaum, Semarnat intervino por fin, lo que no pudo figurar en el sexenio del Caudillo. Actualizó las cuentas oficiales, fueron 10.5 millones de árboles, lo que significó la pérdida de selva de 6 mil 659 ha deforestadas.

El tramo 6-7 era selva subperennifolia, de 40 a 50 años, hábitat natural del jaguar y otras especies, pero considere, por cada kilómetro de los 1535 del recorrido, se taló un ancho de 40 metros, vía, derecho de paso, más caminos de obra, eso equivale a 4,500 árboles por kilómetro.

Semarnat, es justo decirlo, intentó remediar y lanzó el programa “Sembrando Vida Tren Maya” con un plan de sembrar 500 millones de árboles. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que se sembraron en realidad solamente 64 millones, pero faltó riego y cuidados, de esa siembra, solamente el 28% sobrevivió. En la vía no es posible reforestar, el balasto no lo permite.

El intento no alcanzó a recuperar la selva perdida. En 2024, un juez federal (antes de la reforma judicial de listas y tómbola) sentenció al gobierno a reforestar 6 mil 659 ha de lo dañado, pero nadie cumplió la sentencia. El beneficio de los árboles de maderas finas y raras de la selva es todo un caso, en que aparece desde Amílcar y Andy, el llamado Clan, todos próximos a AMLO. ¿Cuántos millones no se reportaron al sector público y cómo traficaron esas especies? Otro tema de escándalo poco averiguado.

Los MIA son manifiestos de impacto ambiental, construir sin ellos en una zona tan delicada es sancionable y probable delito. Pero primero construyeron, luego hicieron los MIA al vapor en solamente 10 días, con el tren casi terminado. Por eso ganaron tantos amparos, no era legal cuando ya estaban talando y construyendo, la primera autoridad del país, con AMLO decretó que “no me vengan con que la ley es la ley” y aplicó ese principio.

 

 

Los verdugos

De turismo a constructor de trenes. Rogelio Jiménez Pons, director del FONATUR, lanzó el proyecto, compró la vía del ferrocarril del Istmo, firmó los polémicos tramos iniciales, los primeros 5. Era arquitecto, luego vinieron los retrasos, presionado por el Presidente, acabó renunciando.

Javier May Rodríguez, mecánico callejero y con bachillerato, fiel a AMLO y sus consignas en Tabasco. Fue secretario del Bienestar, luego entró al Tren Maya, para acelerar y expropiar, la obra se militarizó con él, y pasó el paquete a SEDENA, fue premiado con la gubernatura de Tabasco, que padece con él, como Veracruz con Rocío Nahle, autora de Dos Bocas y premiada con la gubernatura.

Lyndia Quiroz Zavala, 22-24, directora del FONATUR que se supone era para el turismo, operó ya sin tren pero firmó las MIA tardías y cerró los huecos administrativos que eran abundantes a favor del gobierno y los constructores.

 

Los comandantes

El General Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, hoy al frente de todo, era jefe del agrupamiento Felipe Ángeles, mismo del AIFA. De aviones a trenes. Jefe de obra de los tramos 5 al 7.

Manuel Santiago Quintero, de FONATUR, daba la cara en las mañaneras, era el director cuando el tren era FONATUR.

 

Los ganones

Las empresas constructoras que llamó FONATUR fueron: tramo 1, Mota-Engil (Portugal)/Grupo CARSO (Carlos Slim). Tramo 2: Carso. Tramo 3: Construcciones Urales/Gami. Tramo 4: ICA. Tramo 5: Grupo México (Germán Larrea, que sabe de trenes, dueño de Ferromex) más Acciona, de España.

Tramos 6-7: Sedena, Grupo Carso.

De estas constructoras, las que siguen dando mantenimiento con garantía de 5 años en tramos 2 y 7 es Carso. Mota-Engil y Carso siguen manteniendo el tramo 1 por hundimiento de balasto de mala calidad, proveído por Andy y Amílcar, entre otros, denunciados por Latinus y Carlos Loret.

Tramo 4, ICA con más demandas por falta de pagos. En el tramo 5 hubo conflicto entre Grupo México con Larrea, que reaccionó a los plazos, exigencias y órdenes de hacer ingeniería que no aprobaban. Se pelearon y AMLO les quitó el tramo. México y Acciona demandaron por 7 mil millones de pesos en un pesado litigio.

Alstom.- Hizo los 42 trenes, pero en Ciudad Sahagún, con tecnología francesa, pero así parecía logro de la 4T en materia de autosuficiencia. Tiene contrato de mantenimiento por 15 años y mucho que ver con el Metro de la CDMX.

Entre los negocios hay otros de tipo inmobiliario, pero en los datos aparecen 6 hoteles operados por GAFSA, un ente creado por SEDENA. Carso y Mota-Engil quieren las próximas obras relativas con la carga y los complejos de maniobras que vimos en el primer artículo de la serie.

 

Sobre advertencia, no hay engaño

En su momento hubo organismos que con responsabilidad advirtieron a AMLO de los riesgos de esta obra. IMCO, MÉXICO EVALÚA, CENTRO MARIO MOLINA, advirtieron sobre la baja rentabilidad, sin estudios de demanda origen-destino, sin manifiestos de impacto ambiental, pero FONATUR hizo adjudicaciones a sobre cerrado y sobre órdenes superiores.

Auditores, Colegios de Ingenieros, la UNAM, aunque luego la silenciaron, advirtieron que hacerlo en 3 años con 5 tramos simultáneos iban a triplicar el costo, cambios de trazos, rectificaciones y amparos.

Los ambientalistas de la UNAM advirtieron del riesgo acuífero. Pero López Obrador tenía otros datos.

La apuesta era desarrollar a huevo el sureste, generar empleo rápido, obras faraónicas en tiempo récord, aunque no cerraran en sus finanzas. Las líneas rentables de carga primero fueron subsidiadas antes de ser rentables, pero sí se industrializaron y crecieron las ciudades, justificando el movimiento de los trenes. En el sureste no se advierte esa industrialización, por clima, fragilidad ambiental, falta de energía eléctrica suficiente, más seguridad en la inversión que no se tiene, si la zona lograra ese desarrollo mágicamente, resolvería la necesidad de tener ese tren maya en pasaje y carga.

Hoy cada tren que circula genera pérdidas. Y se ha emprendido como programa de gobierno un ambicioso programa de renovación ferroviaria y creación de trenes eléctricos de transporte de pasajeros. La pregunta y la respuesta están en cómo le vaya al Tren de Toluca, que no acaba de consolidar su funcionalidad y rentabilidad aunque hay densidad poblacional, pero el Sureste no tiene todavía esos parámetros poblacionales e industriales.

Pero cuál es el apuro. Está subsidiado, así que no es como en la IP en que la falta de resultados lo termina y se hunde. Aquí no sucederá eso, porque el gobierno mexicano responde con nuestros impuestos y protegido de la corrupción, del robo, en manos de los militares, aunque la Marina se involucró en el caso de huachicol, AMLO dijo que con el ejército no habría corrupción.

El diagnóstico está hecho, usted valore y dé la última palabra, incluso puede viajar a conocer esta obra tan polémica, pero lleve zapatos cómodos… por si tiene que caminar, y hacerlo en ese sol que parece ecuatorial es algo serio.

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Por Bulmaro Pacheco 

En la historia de México se han dado suficientes casos de personajes que han merecido el calificativo de “traidores a la Patria” por los hechos en que se vieron involucrados y las consecuencias que sus actos tuvieron para la República.

Uno de los primeros y más destacados casos de principios del siglo XX es el de Victoriano Huerta Márquez.

Huerta, militar nativo de Colotlán, Jalisco, no tuvo empacho en buscar el apoyo del embajador de los Estados Unidos de América, Henry Lane Wilson, para planear en la embajada el golpe de Estado contra el presidente electo Francisco I. Madero y destituirlo del poder, llegando incluso al asesinato del Presidente y del Vicepresidente José María Pino Suárez, en febrero de 1913.

El mal gobierno de Huerta duró más de un año y, una noche de julio de 1914, salió huyendo de México rumbo a España. Viajaría posteriormente a varias ciudades de los Estados Unidos, desde donde buscó apoyos para conspirar contra México, pero ya no le dio tiempo de hacer nada.

Su desprestigio y sus desórdenes eran tan visibles que ya no convenció a nadie. Además, sabía que, de regresar a México, le esperaba una muerte segura por sus excesos políticos y por la “traición a la patria” que había urdido para asesinar al Presidente Madero. Huerta murió de cirrosis hepática en El Paso, Texas, en 1916, y sus restos se encuentran en un panteón local.

En el siglo XIX, el personaje fundamental para entender la “traición a la patria” fue el político veracruzano Antonio López de Santa Anna (1794-1876), quien hasta ahora es el que en más ocasiones ha ocupado la Presidencia de la República.

Fue Presidente en 11 ocasiones, pero solo acumuló nueve años en esos periodos, que iniciaron en 1833 y culminaron en 1855 con el Plan de Ayutla. A diferencia de Porfirio Díaz, que ocupó la Presidencia en siete ocasiones y acumuló casi 31 años en el poder.

Durante los mandatos de Santa Anna, México perdió ante los Estados Unidos de América los Estados de California, Arizona, Nuevo México y Utah. Su vida fue turbulenta y llena de episodios controvertidos, lo que lo ubica como uno de los Presidentes más cuestionados de México.

Casi al final de sus días, desde La Habana, donde se encontraba exiliado, ofreció sus servicios “para lo que se ofreciera” al Presidente Benito Juárez, quien los rechazó de inmediato. Al morir Juárez, su sucesor, Lerdo de Tejada, le permitió regresar al país sin reconocerle grado militar alguno. Carente de dinero y de apoyos, Santa Anna murió en la Ciudad de México en 1876, y sus restos, junto a los de su esposa Dolores Tosta, reposan en el panteón del Tepeyac, atrás de la Basílica de Guadalupe.

El héroe de la Independencia José María Morelos, “que murió por la Patria”, se habría revolcado en su tumba al saber que el hijo que tuvo con Brígida Almonte, nacido en Michoacán, Juan Nepomuceno Almonte (1803-1869), después de formarse en el ejército, en la administración pública y en las misiones diplomáticas, se convirtió en dirigente del ala conservadora de la política mexicana y, en esa calidad, en promotor del arribo de Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. El hijo de Morelos fue candidato presidencial en 1845, 1849 y 1856. Maximiliano lo nombró su representante ante Napoleón III para pedirle que los ejércitos franceses se quedaran en México y no lo dejaran solo. Juan Nepomuceno fracasó en su misión diplomática y se quedó a vivir en París, donde falleció en 1869.

Hasta ahora, Miguel Miramón (1831-1867, ex niño héroe) ha sido el Presidente más joven de la República. Asumió el poder a los 26 años, en 1859, impulsado por el bando conservador, opositor a la Constitución de 1857, que entonces lideraba Félix Zuloaga.

Miramón desempeñó diversas misiones diplomáticas en Europa y arropó la causa del Imperio apoyando a Maximiliano de Habsburgo. Combatió a Juárez y a los liberales de la época. Fue aprehendido y fusilado en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, junto a Maximiliano y Tomás Mejía, el 19 de junio de 1867.

Sus restos fueron sepultados en el panteón de San Fernando, en la Ciudad de México, para ser trasladados posteriormente a la catedral de Puebla, en 1896.

Tomás Mejía (1820-1867) nació en Querétaro y desarrolló una larga carrera militar que lo distinguió en batallas importantes durante la guerra contra los Estados Unidos de 1847. Reconoció el Imperio de Maximiliano, se unió a su causa y dio importantes batallas contra los liberales de Juárez. Fue fusilado junto a Miramón y Maximiliano.

Agustín de Iturbide nació en Morelia, Michoacán, en 1783. Emperador de México en 1822-1823, fue combatido y depuesto por los liberales de entonces y se exilió en Europa.

“El Congreso, que había decretado primero una pensión, lo declaró traidor y lo puso fuera de la ley en abril de 1824”, lo que Iturbide ignoraba, pues, encontrándose en Londres, aceptó la invitación de algunos partidarios para regresar a México —ahora por Soto la Marina, Tamaulipas—, donde fue aprehendido y llevado al paredón de fusilamiento el 19 de julio de 1824. Así terminó el sueño del Primer Imperio en México.

De Victoriano Huerta en adelante y hasta ahora, ningún Presidente mexicano ha sido acusado de traición a la patria. Las Constituciones de México han contemplado el delito, que se mantiene en el texto del artículo 108 constitucional (segundo párrafo), el cual estipula: “Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”.

Llama la atención que en estos tiempos el concepto se utilice para reyertas políticas.

Primero se aplicó a los legisladores opositores que se negaron a apoyar los proyectos legislativos de la llamada “Cuarta Transformación”.

Ahora, con los acontecimientos políticos de un Estado opositor a la 4T como lo es Chihuahua, se le quiere aplicar al ex fiscal del Estado por participar en una operación conjunta con agentes de los Estados Unidos para destruir un laboratorio de drogas.

Se criticó también al gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, por haber invitado al embajador de los Estados Unidos a poner la primera piedra de un edificio para trabajos de seguridad. Mucha sensibilidad orientada hacia un tema que ya no da para tanto ni tampoco provoca lo que antaño causaba tanto revuelo.

De tanto manosear los conceptos se nos está desgastando el lenguaje político. Otra crisis en una realidad que amerita mayor cuidado de las formas y no excesos en la interpretación de las leyes.

bulmarop@gmail.com

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Las nuevas medidas municipales representan un paso favorable para ciudadanos y empresas, y una oportunidad para consolidar la eficiencia administrativa, la certeza jurídica y la colaboración institucional.

 

Por Guillermo Moreno Ríos 

La simplificación de trámites es fundamental para facilitar la actividad económica, incentivar inversiones y fortalecer la confianza ciudadana. Reducir requisitos innecesarios, costos y tiempos de gestión contribuye a construir un municipio más competitivo y eficiente, sin comprometer las obligaciones legales ni la seguridad de las personas.

En este contexto, merece reconocimiento el Acuerdo General publicado por el Ayuntamiento de Hermosillo el 23 de octubre de 2026, que establece medidas de simplificación administrativa aplicables a cinco trámites relacionados con licencias de funcionamiento, uso de suelo y asignación de números oficiales.

Entre sus disposiciones destaca la eliminación de constancias de no adeudo correspondientes a socios, accionistas, representantes legales o propietarios de inmuebles, cuando sean personas distintas del solicitante. Asimismo, permite acreditar mediante una sola constancia de Tesorería Municipal la inexistencia de adeudos con Agua de Hermosillo, siempre que dicha información esté expresamente incluida.

Aunque son modificaciones documentales específicas, representan beneficios para ciudadanos, profesionistas y empresas, particularmente aquellas que administran múltiples establecimientos. Menos documentos y desplazamientos significan menores costos operativos y mejores condiciones para cumplir con la normatividad.

Conviene precisar que estas medidas no eliminan licencias ni modifican obligaciones técnicas o derechos municipales, tampoco establecen nuevos plazos de resolución. Su aportación consiste en facilitar requisitos documentales, cuyos beneficios podrán apreciarse conforme avance su implementación.

 

La mejora regulatoria es un proceso de continuidad institucional

En Sonora, sus antecedentes legislativos se remontan a 2006 y, en Hermosillo, se fortalecieron con el Reglamento Municipal de 2018. Durante estas dos décadas, distintas administraciones han contribuido mediante reformas, digitalización y mecanismos de coordinación que constituyen una base importante para continuar avanzando.

Los resultados recientes también merecen destacarse. Según cifras del Ayuntamiento, entre 2021 y marzo de 2026 el catálogo municipal de trámites y servicios se redujo 44%, acompañado de acciones de digitalización y simplificación administrativa. Por su parte, Hermosillo ¿Cómo Vamos? ha contribuido con diagnósticos y propuestas ciudadanas orientadas a fortalecer la eficiencia institucional y la evaluación de resultados.

Desde Consejo INCIDE hemos acompañado este proceso mediante propuestas, encuentros técnicos y colaboración entre autoridades, organismos empresariales, universidades, colegios de profesionistas y sociedad civil. Destaca el convenio suscrito en 2024 con el Ayuntamiento para impulsar la ventanilla Hermosillo Cómo Sí, así como acciones de digitalización, capacitación y evaluación continua de procedimientos administrativos.

Esta experiencia nos permite reconocer favorablemente las nuevas medidas y reiterar nuestra disposición para contribuir a su consolidación mediante el intercambio de conocimientos, la participación de especialistas y la construcción de soluciones conjuntas.

 

La verdadera simplificación alcanza su mayor valor cuando los procedimientos son claros, los tiempos razonables y los criterios de atención uniformes. 

Por ello, la capacitación permanente, las herramientas tecnológicas, la coordinación entre dependencias y los indicadores de desempeño representan oportunidades para potenciar los beneficios de las disposiciones municipales.

También resulta fundamental distinguir entre simplificar y desregular. La eficiencia administrativa debe facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, urbanísticas, ambientales y de protección civil, preservando las garantías que protegen a las personas, su patrimonio y el desarrollo ordenado de la ciudad. Competitividad y seguridad no son objetivos opuestos, sino componentes complementarios de una gestión pública moderna.

Hermosillo cuenta con condiciones favorables para consolidar una administración más ágil, transparente y cercana a la ciudadanía. La participación de cámaras empresariales, universidades, colegios profesionales y organizaciones ciudadanas puede contribuir a identificar nuevas oportunidades de mejora y acompañar la evaluación de resultados.

El acuerdo municipal representa un avance concreto dentro de una política pública que debe mantener su continuidad, aprovechar la experiencia acumulada y trascender administraciones.

 

Reconocer lo positivo también significa entender que es perfectible

Desde Consejo INCIDE celebramos las acciones que facilitan el cumplimiento de las obligaciones y refrendamos nuestra voluntad de colaborar para que Hermosillo continúe avanzando en competitividad, eficiencia administrativa y seguridad.

Porque la mejor regulación no es necesariamente la que exige menos, sino aquella que exige únicamente lo necesario, facilita su cumplimiento y ofrece resultados con certeza, seguridad y oportunidad.

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EDITORIAL/SEMANARIO

La revista Proceso recordó en un interesante artículo la frase acuñada por el político y periodista César “El Tlacuache” Garizurieta durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés, simboliza la consolidación de la burocracia en el poder. Con estas palabras donde dice “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error” se resume la concepción del cargo público no como servicio, sino como la vía principal de enriquecimiento y subsistencia a través de los recursos públicos, sin importar ideología o partido político. 

De acuerdo al artículo de Proceso, la frase de Don César Garizurieta, alias “El Tlacuache”, que acuñó durante el sexenio de su amigo de la infancia, el veracruzano Miguel Alemán Valdés, “la frase que se convirtió en dogma de fe para la burocracia en la época dorada del priismo y también de la alternancia panista y de los gobiernos perredistas: “vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error”. Y vaya que dinastías enteras de políticos, devenidos en empresarios, legisladores permanentes, diplomáticos exprés, multichambas, gobernadores o simples caciques llevaron la máxima del Tlacuache hasta sus últimas consecuencias. No en balde, el sexenio del Cachorro de la Revolución, en la segunda mitad de los años cuarenta, se convirtió en el símbolo de la corrupción moderna y en el fundador del Partido de la Revolución Institucionalizada. Como esta máxima, muchas otras fueron acuñadas en la era priista y continuaron en la alternancia del PAN-PRI: “el que no transa, no avanza” para justificar la corrupción como un aceite para la movilidad política; “un político pobre, es un pobre político”, la sentencia más famosa del cleptócrata priista por excelencia Carlos Hank González; “no quiero que me den, sino que me pongan donde hay”, para los huachicoleros profesionales del presupuesto federal; y la más mencionada en la última parte de los sexenios: “en el año de Hidalgo, pendejo el que deja algo”.

Y hasta ahora ha sido dogma de fe en la clase política mexicana sin importar partido o ideología. La corrupción es la misma, porque lo que importa no es el mantener una verdadera imagen de honestidad, sino solo parecerla. Y prueba de ello lo vemos actualmente con los nuevos funcionarios que han optado por vivir como jeques árabes. Pruebas hay de sobra y saltan donde menos se espera. Hoy lo vemos en el caso de Guadalupe Taddei, la actual expresidenta del INE. A la que reportajes de los medios Reforma y Latinus la exhiben gozando de millonarios privilegios luego de otorgar jugosos contratos a sus colaboradores, a los que usa de presta nombres.

De acuerdo con el periódico Milenio “La presidenta del Instituto Nacional Electoral  de México, Guadalupe Taddei, anunció el domingo su decisión de renunciar al cargo, tras publicaciones en medios sobre posibles conflictos de interés y triangulación de recursos con proveedores de esa entidad gubernamental. «Después de una profunda reflexión, he decidido presentar el día de mañana, 26 de octubre, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mi renuncia a la responsabilidad que esa Soberanía me confirió en abril de 2023 como Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral». Esta decisión responde a mi convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal». 

La decisión de Taddei llega después de los reportajes del diario Reforma según las cuales una red de al menos siete proveedores habría simulado competencia en procesos de adjudicación de contratos y participado en operaciones de triangulación de recursos, presuntamente relacionados con empresas que emitieron comprobantes fiscales por productos o servicios que nunca existieron. Pero además se habla de contratos por millones de pesos. En su defensa, Taddei afirmó: «no soy ajena a los señalamientos que durante los últimos días se han difundido en medios de comunicación y redes sociales donde se han circulado trascendidos, montajes, filtraciones y versiones cuya autenticidad, contexto y propósito como en todos los casos deben verificarse y corroborarse”. Tengo la convicción de que toda denuncia (…) debe esclarecerse de manera transparente, objetiva y conforme a derecho”.

“Apenas el sábado, Taddei informó que funcionarios en áreas clave del organismo fueron relevados de sus cargos en tiempo y forma para dar paso a una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que fiscaliza el uso de dinero público tras los señalamientos de posible corrupción”.

De acuerdo con el periódico El Financiero “Una de las polémicas de Guadalupe Taddei está relacionada con su círculo familiar, presuntamente ligado con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de Cajas Graf y proveedor del INE. El contratista suma al menos 240 millones de pesos en licitaciones, y en grabaciones recientes se le observa de viaje en Francia con Jorge Francisco Pineda Taddei, hijo de la consejera presidenta del INE. “París a tus pies, muchachito”, le dijo Hernández Casillas al hijo de Taddei. Otras publicaciones difundidas con Latinus revelan la cercanía del empresario con la Familia de Taddei, e incluso fotos con ella, a quien llama “reina”. Hernández Casillas, según versiones, apareció en la nómina del INE como su chofer asignado, con un sueldo de 45 mil pesos mensuales; sin embargo, nadie lo conocía”.

¿Qué sucederá ahora?  Recibirá el perdón oficial por ser alguien afín y leal al sistema. O el gobierno de Claudia Sheinbaum optará por guardar distancia para mostrar que Morena no es cómplice de funcionarios corruptos. Esta semana veremos si la 4T rompe lazos con uno de sus leales militantes. 

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“…lo último que hice fue presentar el informe sobre Gaza, en el que califico de genocidio lo que allí está ocurriendo. Una de las principales reacciones a ese reporte fue elogiar mi valentía. Y pueden imaginar mi sorpresa: ¿por qué hace falta valentía para decir la verdad?” 

—Navi Pillay. Nobel de la Paz 2026 

 

Por Sandra Karina Ibarra Carbajal

A nivel global vivimos una tendencia en la que, la defensa de la racionalidad e instituciones del Estado de derecho, dejó de ser una cuestión estrictamente jurídica para convertirse en un acto de resistencia frente al poder político. 

El 9 de octubre de 2026 el Comité Noruego del Nobel anunció que el Premio Nobel de la Paz correspondía a Navanethem “Navi” Pillay.

En política no existen coincidencias.

Mientras el mundo reconocía a una ex Jueza de la Corte Penal Internacional (CPI) por fortalecer la independencia judicial, el gobierno de Estados Unidos anunciaba medidas para asfixiar presupuestalmente el funcionamiento precisamente de dicha Corte. 

Pillay nació en Durban, Sudáfrica, en 1941, en pleno régimen del apartheid, conoció desde su infancia las consecuencias de un sistema jurídico utilizado para institucionalizar la desigualdad. 

Defendió a opositores del apartheid, entre ellos Nelson Mandela, y a personas privadas de la libertad por motivos políticos. 

En 1995 se convirtió en la primera mujer negra nombrada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica. 

Posteriormente, como jueza y presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, participó en uno de los avances más trascendentes de la justicia penal internacional, consistente en el reconocimiento de que la violencia sexual puede constituir genocidio cuando se comete con la intención específica de destruir a un grupo. 

Fue también jueza de la Corte Penal Internacional entre 2003 y 2008; alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2008 a 2014 y presidenta de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados e Israel. 

En su trabajo más reciente sobre Gaza, la comisión que presidió concluyó que Israel había cometido genocidio. Se trata de una conclusión de un órgano investigador de Naciones Unidas, no de una sentencia definitiva de un tribunal internacional. 

Al reflexionar sobre las reacciones a su informe, Pillay cuestionó por qué debía considerarse un acto de valentía decir la verdad. 

La respuesta se encuentra, en buena medida, en las presiones que actualmente enfrentan los órganos encargados de impartir justicia. 

Las sanciones anunciadas por Marco Rubio el mismo día del Nobel no se limitaron a personas concretas, sino que, se dirigieron contra la propia Corte Penal Internacional, con restricciones financieras y comerciales capaces de comprometer sus operaciones y las relaciones con empresas proveedoras de servicios. 

El gobierno de nuestro vecino país del norte sostiene que la CPI ha excedido su jurisdicción al investigar a estadounidenses y a ciudadanos de países aliados, particularmente Israel, arguyen que Estados Unidos no es Estado parte del Estatuto de Roma y su gobierno considera ilegítimas determinadas actuaciones del tribunal.

Es claro que la independencia judicial exige que los desacuerdos sobre competencia, jurisdicción o legalidad se resuelvan mediante mecanismos jurídicos, no mediante presiones económicas dirigidas a impedir el funcionamiento de los tribunales. 

La autoridad y legitimación de un tribunal internacional descansa en el derecho, en la cooperación de los Estados y en la posibilidad de que sus integrantes ejerzan sus funciones sin represalias. 

Cuando jueces y fiscales pueden ser sancionados por las decisiones que adoptan en ejercicio de sus atribuciones, el riesgo no se agota en su esfera personal, se produce un efecto intimidatorio sobre la institución entera y se debilita la confianza de las víctimas en la posibilidad de obtener justicia. 

La presidenta de la CPI (otra mujer por cierto) Tomoko Akane, rechazó las medidas y reafirmó que el tribunal continuará actuando con independencia e imparcialidad, únicamente sobre la base del derecho y las pruebas. 

Su declaración contiene una advertencia que debería resonar en todas las democracias del planeta porque la Corte no puede sostenerse sola, su continuidad también depende de la determinación de los 125 Estados que la constituyeron para defender el sistema de justicia internacional. 

El Comité Noruego recordó, al anunciar el galardón, que la paz duradera necesita justicia y que el derecho internacional constituye una alternativa indispensable frente al predominio de la fuerza; se reconoció en Pillay su independencia, integridad y contribución al desarrollo de instituciones capaces de exigir responsabilidades por los crímenes más graves. 

La historia de Navi Pillay permite comprender que la independencia judicial no es un privilegio de quienes juzgan, sino una garantía de quienes necesitan justicia; de las víctimas de genocidio, de los perseguidos por razones políticas, de las mujeres violentadas en contextos de guerra y de todas aquellas personas que, frente al poder, encuentran en los tribunales su última posibilidad de ser escuchadas. 

El Nobel otorgado a Pillay adquiere así un significado que trasciende su biografía, es un mensaje de impacto político de respaldo a quienes han dedicado su vida a construir instituciones capaces de juzgar incluso aquello que los poderosos preferirían mantener en la impunidad.

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Organizaciones sindicales replantearían sus esquemas de apoyo al oficialismo ante el aumento de la irritación social y política entre la gente 

 

Por Bulmaro Pacheco

Las recientes protestas de los trabajadores del Seguro Social en México van más allá de las manifestaciones tradicionales por carencias o rezagos en la prestación de los servicios de salud en la institución más importante de seguridad social de la República.

Revelan un conflicto de fondo y anuncian la crisis de un modelo político en la práctica político-sindical mexicana: la relación de las organizaciones de trabajadores con los nuevos gobiernos para efectos laborales, económicos, políticos y electorales. Quizá estemos ante consecuencias inéditas en la política mexicana que el fenómeno puede traer en el corto plazo.

La historia de México es rica en ejemplos de ese tipo.

La caída del líder de los telefonistas, Salustio Salgado, en 1976 se produjo tras el rechazo de las bases a la revisión salarial pactada por su dirigencia, cuando Teléfonos de México era una empresa de participación estatal mayoritaria. Eso dio lugar al desplazamiento de la dirigencia y a la llegada, ese mismo año, de Francisco Hernández Juárez. Las cosas empezaron a cambiar, incluso con la privatización de la empresa en 1990.

Desde entonces, Hernández Juárez se mantiene al frente del sindicato mediante sucesivas reelecciones.

Ese ejemplo marcó a la dirigencia nacional de la CTM, entonces encabezada por Fidel Velázquez, y puso sobre la mesa la rebelión y la protesta de las bases trabajadoras contra dirigentes que no tardaban en acumular poder y riquezas a cuenta de sus organizaciones sindicales.

Carlos Jonguitud Barrios ejerció el poder en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desde 1972 y consolidó su dominio mediante el grupo “Vanguardia Revolucionaria”. Duró ahí hasta abril de 1989, cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari decidió su relevo por Elba Esther Gordillo Morales. Jonguitud había sido gobernador de San Luis Potosí, director del ISSSTE y senador por el mismo estado, a cuenta del control y el liderazgo sindical.

Con el tiempo, ese poder se desgastó. En 1979 surgió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que no pudo controlar. Jonguitud dejó de servirle al sistema y cayó.

Elba Esther Gordillo tomó el poder del sindicato en 1989 y, en 2005, impulsó la creación del partido Nueva Alianza (Panal), con una importante base de apoyo entre los trabajadores de la educación. El partido participó en la elección presidencial de 2006 y ella negoció con candidatos a gobernadores, hasta que tanto poder acumulado empezó a chocar con los programas de gobierno. Elba dejó el poder sindical en 2013, cuando fue detenida, y permaneció privada de la libertad alrededor de cinco años y medio, parte de ese tiempo en prisión domiciliaria. Recuperó la libertad en agosto de 2018, todavía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

A pesar de las constantes presiones políticas, los gobiernos del PRI y del PAN no entregaron la titularidad de la SEP a esos liderazgos, aunque sí permitieron que el SNTE ampliara su influencia dentro de la dependencia.

Porque el sistema tenía una relación compensatoria con los sindicatos de su esfera política: diputaciones, senadurías, gubernaturas y cargos administrativos en la federación y los estados, para llevar la fiesta en paz y asegurar estabilidad política y laboral.

Algo similar sucedió en el sindicato petrolero cuando, al principio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el 10 de enero de 1989, fueron detenidos el “líder moral” del sindicato, Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, y el secretario general, Salvador Barragán Camacho, quien también fue desplazado de la dirigencia. Ahí se reacomodó la relación del Estado mexicano con esa organización sindical y se inició una nueva etapa, aunque continuaron los vínculos políticos y electorales del sindicato con el PRI.

Con la alternancia del poder del PRI al PAN en 2000, estas relaciones tomaron otro rumbo. Los liderazgos de las principales organizaciones sindicales promovieron cambios en sus estructuras para prolongar sus periodos de gestión y adaptar los métodos de elección al gusto de los grupos de poder y de control, con un mayor margen de negociación frente a los gobiernos. Es recordado el conflicto de Felipe Calderón con el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia acusado de males manejos y exilado en Canadá, posteriormente incorporado por la 4T como Senador.

Desde tiempo atrás, las llamadas “bases sindicales” habían empezado a ejercer una mayor libertad de voto. El marco electoral reforzó la afiliación libre e individual a los partidos y prohibió la intervención de organizaciones gremiales en su creación, así como cualquier forma de afiliación corporativa, según establece el artículo 41 constitucional.

Las dirigencias nacionales y locales de los sindicatos se adaptaron al poder en turno para salvaguardar canonjías y recursos económicos, incluido el cobro de las cuotas sindicales vía nómina, y siguieron exigiendo posiciones políticas para compensar a sus dirigencias.

Con la llegada del autodenominado gobierno de la “cuarta transformación” (sic) en 2018, los sindicatos al principio se movieron con cautela porque no sabían lo que López Obrador traía entre manos en relación con ellos.

Uno de los primeros líderes en caer fue Carlos Romero Deschamps, del sindicato petrolero, quien renunció en octubre de 2019, en medio de señalamientos de corrupción y críticas por sus excesos y ostentaciones. Según la ex secretaria de gobernación (Olga Sánchez Cordero), López Obrador había sugerido públicamente que dejara el cargo para enfrentar las acusaciones en su contra.

Muchas dirigencias sindicales no tardaron en adaptarse a las indicaciones del poder y, desde 2018 y posteriormente en 2024, encontraron compensación en posiciones políticas en el Senado y en la Cámara de Diputados. En 2022, además, llegó a la titularidad de la SEP Leticia Ramírez Amaya, con antecedentes de militancia en la CNTE.

Desde el poder se impulsó, incluso, a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que ya existía antes de 2018 y es dirigida por un diputado federal cercano al oficialismo, Pedro Haces Barba. Una organización que aspira a borrar del mapa político a las organizaciones históricas, como la CTM, por ejemplo.

Las dirigencias sindicales de todos los niveles —con rarísimas excepciones— no tardaron en adaptarse políticamente al poder actual de la 4T, a cambio de no ser molestadas en sus procesos internos y en el manejo político y económico de sus organizaciones.

Eso es lo que está haciendo crisis ahora, y una expresión del fenómeno es lo que ha sucedido entre los trabajadores del Seguro Social y su sindicato. Una organización donde la base trabajadora es educada, politizada y tiene un gran contacto con las penalidades de la gente común.

Un caso que seguramente repercutirá entre el resto de las organizaciones, que habrán de replantear sus esquemas de apoyo al oficialismo ante el aumento de la irritación social y política entre la gente, por los rezagos sociales y las demandas insatisfechas que no alcanzan a resolverse con el reparto de dinero. A ello se suma un endeudamiento público creciente: de 10 billones de pesos en 2018 a casi 21 billones en 2026, un 56% del PIB.

Todo eso puede impactar los futuros incrementos salariales y de prestaciones. Por eso la pregunta: ¿seguirá vigente el voto corporativo en México? ¿Lo podrán ofrecer de nuevo las dirigencias sindicales de todo tipo al gobierno para sus candidatos en la elección de junio de 2027?

Yo creo que no.

bulmarop@gmail.com

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Así, tal como burlonamente lo expresó la magistrada Claudia Valle, ella y sus comparsas del Tribunal Electoral siguen sin ver los actos anticipadísimos de campaña, como tampoco vieron los sobres amarillos de Pío López Obrador…

 

Por Mónica Calles 

Hace unos meses, en abril, el Tribunal Electoral ya validaba las campañas electorales de Morena. Arrancaron pese a que la ley lo prohíbe, pero ¿qué importa lo que dice la ley si el oficialismo dispone otra cosa? Ya llevaban meses en campaña a la vista de todos, pero, en abril, con bombo y platillo, Morena anunció el procedimiento para elegir a sus candidatos fuera de los plazos de ley y sin reportar al INE el dinero que en ello va. Insultando la inteligencia de los mexicanos, Morena, el INE y el Tribunal Electoral están de acuerdo en que las campañas dejan de serlo si se les nombra “elección de coordinadores de la 4T”.

Así, el asunto llegó al Tribunal Electoral y, como era de esperarse, reinó la complacencia ante el poder. A pesar de ello, llamó la atención que, en plena sesión pública, entre burlas, la magistrada Claudia Valle —conocida por su cercanía a Ricardo Monreal— remató diciendo: “Sí, hay que evitar los actos anticipados o anticipadísimos de campaña, pero cuando se ven, y aquí no se ven…”. Desde entonces han pasado 6 meses y 17 candidatos de Morena a las gubernaturas; sin embargo, la magistrada, el Tribunal Electoral y el INE siguen sin ver. ¿Qué será entonces lo que no quieren ver los magistrados electorales que causa un cisma en Morena? Hay tanto escozor entre los perdedores a las coordinaciones estatales que resulta difícil no ver que esos cargos son, en realidad, las candidaturas a las gubernaturas. Veamos algunas muestras de escozor por no ser el coordinador estatal de MORENA: “Crónica de una muerte anunciada”. Así reaccionó Abelina López, presidenta municipal de Acapulco, cuando fue entrevistada por su derrota en las encuestas. Tal fue el enojo que la munícipe se atrevió a decir que la designación de Beatriz Mojica como abanderada es un parteaguas del movimiento. Para Abelina, ella tiene el respaldo del pueblo.

“Al borde del llanto”. El 29 de septiembre, en el World Trade Center de Ciudad de México (uno de los edificios más representativos del liberalismo económico y político) MORENA, sí, ese partido que está en contra de la globalización y el capitalismo anunció que Cruz Pérez Cuellar será el coordinador para Chihuahua y no Andrea Chávez. ¿Por qué perder la coordinación puede causar tanto dolor a una persona, máxime cuando ese cargo, en principio, no representa la candidatura a la gubernatura? ¿Qué hizo que Andrea Chávez, quien se promocionó indebidamente en Chihuahua por más de un año, estuviera al borde del llanto cuando escuchó que no sería ella la coordinadora? ¿Por qué simpatizantes de la senadora gritaban fraude en la designación de un coordinador? “… que a México le vaya bien. Lo que yo respaldo es el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum”. Así respondió la tía Tatis (Tatiana Clouthier) por no ser la coordinadora de MORENA en Nuevo León. Nunca mostró apoyo ni respaldo a Clara Luz, la coordinadora-candidata a la gubernatura, en clara muestra de enojo e inconformidad. ¿De qué manera se puede explicar que la tía Tatis afirmara que MORENA traicionó a su partido al elegir a Clara Luz Flores? ¿Por qué Tatiana Clouthier anuncia la creación de “Todos con Conciencia” por el sólo hecho de no ser la coordinadora? ¿Será acaso porque se le escapa la oportunidad de ser candidata a la gubernatura?

“La gira de la verdad que hice EN MI CAMPAÑA… PRE”. Si el tema de la tía Tatis no fuera suficiente para evidenciar el fraude a la ley, debemos decir que, si hubo una traición en la designación de la coordinadora en Nuevo León, fue la del subconsciente de Clara Luz Flores. En una rueda de prensa afirmó lo siguiente: “… escuchar no fue sólo una etapa que terminó con la gira de la verdad que hice en mi campaña (pre)…” Tal vez la única gira de la verdad que hubo en sus declaraciones fue que se trató de una campaña o precampaña, y quienes dan giros para negarlo es MORENA y los coordinadores. “NO VOY YO, pero soy el que gana la encuesta en Guerrero”. Si de cinismo se trata, el senador Salgado Macedonio es el ejemplo de ello. Él afirma que, por la prohibición de nepotismo (una norma que es para candidaturas y no para coordinadores) no se registró para ser coordinador. El chiste se cuenta solo. Las declaraciones exactas son: “Es una encuesta espejo sin validez, pero que diga que el que gana la encuesta es Félix Salgado Macedonio con tantos puntos, pero que no va por el nepotismo, aunque tiene estos puntos”. ¡Cuánto interés por evidenciar que no puede ser coordinador-candidato, pero dejar claro que, según sus encuestas, él es quien tiene el poder político en el estado!

Por alguna razón, les resulta indispensable cumplir el principio de paridad que aplica para la postulación de candidaturas; de tal manera que están “cuidando” que en los estados más competitivos electoralmente sean mujeres quienes ocupen las coordinaciones 4T. Pero no, que nadie se confunda… ¡No son candidaturas! Esas son sólo algunas reacciones de los perdedores de las coordinaciones 4T; cuyo sufrimiento y fuego amigo también se parece al de haber perdido una candidatura. No ser coordinador estatal causa tanto enojo, llanto y traición… un cargo “partidista” tan relevante que parece que todo mundo quiere serlo. Sobre las reacciones de los coordinadores de la 4T que triunfaron y obtuvieron ese “importantísimo cargo partidista” ya ni hablamos… total, tendremos toda la etapa de precampaña y campaña para ello. Así, tal como burlonamente lo expresó la magistrada Claudia Valle, ella y sus comparsas del Tribunal Electoral siguen sin ver los actos anticipadísimos de campaña, como tampoco vieron los sobres amarillos de Pío López Obrador… Y es que, entre los acordeones que los llevaron a sus cargos y las prórrogas inconstitucionales que la 4T les regaló, han quedado tan deslumbrados que hoy son capaces de tapar el sol con una corcholata… perdón, con una “coordinación 4T”.

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